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Las subastas judiciales a un 'golpe de clic' están permitiendo aumentar el importe de los bienes licitados a un ritmo del 25% en La Rioja. Obtener un mayor rendimiento posible de las ventas era uno de los objetivos del Portal de Subastas del Boletín ... Oficial del Estado (BOE), una plataforma única del Ministerio de Justicia que entró en servicio en octubre del 2015 con un propósito añadido: conseguir que los procedimientos fueran más transparentes, facilitando la participación de los ciudadanos en ellos. Y la estadística confirma que estas aspiraciones también se están viendo satisfechas en La Rioja, pues el número de pujas presentadas a los diferentes procedimientos celebrados en la comunidad se ha incrementado el 45% entre el 2016 y el 2018, los tres primeros ejercicios con datos completos desde que se puso en marcha el nuevo sistema.
Las subastas judiciales son uno de los medios que permiten transformar en dinero los bienes hipotecados o embargados, con el fin de que el deudor demandado pueda pagar la deuda reclamada con la cantidad que se obtenga en ella.
¿Qué son?
En resumen son actos en los que se venden bienes embargados a deudores para conseguir liquidez de forma que puedan pagar a sus acreedores.
Cómo se regulan a través de un sistema electrónico que entró en vigor en octubre del 2015, que consiste en un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE).
Quién puede participar cualquier ciudadano interesado que se registre en el Portal de Subastas Electrónicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Requisitos para participar salvo supuestos de Justicia gratuita, para acreditar la participación en una subasta es necesario consignar el 5% del valor de tasación de los bienes a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria en el Portal de Subastas Electrónicas del BOE.
Desarrollo de la subasta
Metodología los procedimientos dejaron de ser presenciales en los juzgados, donde los interesados acudían físicamente a ver la relación de las propiedades en los tablones y posteriormente pujar. Se encontraban desde pisos hasta chalets de lujo valorados en varios millones de euros.
Plazos la subasta judicial electrónica admite posturas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura. El procedimiento no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días por un máximo de 24 horas.
¿Y si se es el mejor postor? tendrá diez días para satisfacer la diferencia entre la cantidad ingresada inicialmente para participar en la subasta y el precio definitivo si se trata de un bien mueble. En el caso de los inmuebles, el tiempo es de 40 días. Se trata de días hábiles, por lo que no cuentan los sábados y los festivos.
¿Se pueden mejorar los precios? sí, cuando se ofrece una cantidad inferior al 50% del valor del bien mueble o al 70% del valor del inmueble. En esos casos, el secretario judicial tiene que dar la posibilidad al acreedor ejecutante y al demandado deudor de mejorar los precios. Por eso no hay que ingresar la diferencia hasta que no se haya verificado ese traslado a las partes sin que ninguna de ellas haya mejorado el precio. El letrado de la Administración de Justicia tendrá, por tanto, que informar al mejor postor cuándo comienza el plazo para consignar todo el precio ofrecido.
¿Y si en se plazo no se consigna el resto del precio? es lo que se denomina 'quiebra de la subasta' y podría conllevar la pérdida de la cantidad de dinero que se haya adelantado.
A partir del 2015, con la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Reforma Administrativa, el portal online sustituyó a las subastas judiciales presenciales. Desde entonces, el sistema es bastante más sencillo que el vigente hasta ese momento: los ciudadanos, una vez registrados en la plataforma, realizan un depósito que es común para las subastas judiciales y las administrativas (notariales y de la AEAT), sin necesidad, además, de desplazarse a las sedes u oficinas para realizar las pujas. Asimismo reciben alertas sobre los procedimientos en los que pudieran estar interesados y tiene capacidad para consultar los detalles de los procesos que no son de carácter público: documentación adicional, información registral en caso de que esté disponible, importe de la puja máxima en cada momento, información sobre sus datos de participación en subastas, entre otros.
Durante el 2018 se celebraron 151 subastas judiciales en La Rioja. Se trata de la cifra de concursos públicos en los juzgados riojanos más baja de los últimos tres ejercicios, ya que en el 2016 fueron 270 y un año después, 234. A este retroceso del número de licitaciones le acompañaron dos fenómenos inversos consecuencia directa de la digitalización de las subastas. Por un lado, el importe de las adjudicaciones aumentó progresivamente desde el 2016: 14,39 millones de euros ese año, 14,86 en el 2017 y 17,98 el año pasado. Y, asimismo, también se incrementó el porcentaje de los procesos sobre los que se presentaron pujas: 30,7%, 34,6% y 45%, respectivamente.
En el conjunto del país se celebraron 23.218 subastas judiciales, de las que, en términos relativos, solo el 0,7% correspondieron a La Rioja. Estos procesos permitieron una recaudación superior a los 1.748 millones de euros. Las provincias con mayor número de subastas fueron Barcelona (2.331), Madrid (2.018), Valencia (1.731) y Murcia (1.696).
Comparado con el 2017, el número de licitaciones riojanas bajó el 35,5% en un año, si bien la cuantía a la que ascendieron las ventas fue 3,1 millones de euros superior a la de ese ejercicio, lo que supuso un aumento del 21%. Si el análisis se retrotrae al 2016 se comprueba que el número de subastas retrocedió el 44% hasta quedarse en 151 en el 2018. En este sentido es importante señalar que la entrada de la nueva regulación no coincidió, sin embargo, con una disminución de las ejecuciones hipotecarias. En el 2016 se computaron en total 619 embargos en la comunidad, mientras que dos años después fueron 1.156, según la información del INE.
En el primer trimestre de este año las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias fueron Cataluña (1.633), Comunidad Valenciana (1.524) y Andalucía (1.182), mientras que La Rioja (11), Navarra (21) y el País Vasco (34) se apuntaron las cifras más bajas del país.
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