Devolver los derechos a los funcionarios costará 91 millones a las arcas riojanas

Desde el 2010, los empleados públicos riojanos tuvieron que lidiar con una reducción de su masa salarial y un aumento de su carga de trabajo tras el recorte de los días de libre disposición y la ampliación del horario laboral de 35 a 37,5 horas semanales (de 18 a 20 horas en el caso de los docentes). Si a ello se suma la congelación salarial y la pérdida o la eliminación de complementos retributivos, además del recorte de la prestación en las bajas laborales, las mermas dinerarias han hecho acumular a los trabajadores públicos riojanos una pérdida de poder adquisitivo en torno al 30%, según cálculos de los sindicatos.

Más de diez mil funcionarios de la Comunidad se vieron afectados por el polémico decreto que sancionó estos ajustes habida cuenta de la crisis económica que engullía al país y de la necesidad de garantizar la estabilidad presupuestaria.

En septiembre del 2014, comenzó tímidamente la recuperación de estos derechos, abonando a los trabajadores bajo nómina del Gobierno regional el 25% de la paga extraordinaria de diciembre del 2012 que se les retuvo (4,8 millones de euros). En la nómina de octubre del 2015 (ya en la novena Legislatura con la presidencia de José Ignacio Ceniceros) se abonaron 5,3 millones (otro 25%) y la mitad pendiente se liquidó en marzo del 2016, para lo que se destinaron 9,9 millones de euros.

Fruto del acuerdo entre el Gobierno regional y las organizaciones sindicales más representativas y presentes en la Mesa General de Negociación se fueron añadiendo otros acuerdos. Por un lado se fijaron días adicionales por antigüedad, tanto de vacaciones como de asuntos particulares, que en el ámbito de los Servicios Sociales suponen un coste de 250.000 euros anuales y en el del SERIS, 935.967 euros. En el 2016, además, la jornada laboral se redujo en tres días (857.572 euros). En lo relativo a la carrera y el desarrollo profesional, las partes consensuaron su reposición progresiva y su abono con efectos de enero del 2017 (siete millones de euros) y el acuerdo en Justicia sobre los 'canosos' (días de libre disposición) ha tenido un coste de 300.000 euros desde el año pasado.

Uno de los asuntos de mayor impacto económico, sin embargo, ha sido el de las retribuciones. El Gobierno central (marca las líneas directrices a través de los Presupuestos Generales del Estado) planteó en el 2015 «abandonar la congelación salarial» aplicada a la nómina de los funcionarios durante cinco años consecutivos (2011-2015). Así, en el 2016, el Ejecutivo regional tuvo capacidad para incrementar los sueldos de sus diez mil empleados el 1% ese ejercicio (con un coste de casi 4,3 millones de euros) y otro punto en el 2017 (prácticamente por la misma cuantía).

Sumadas todas esas mejoras, la Administración autonómica ha invertido en la devolución de los derechos a sus empleados públicos 37,95 millones de euros, de ellos 33,35 durante la 'era' de Ceniceros. A esta cuantía se sumarán otros 7,4 millones de forma inminente, cuando en la nómina de julio se aplique el incremento salarial del 1,75% para este ejercicio (los PGE del 2018 entraron en vigor el pasado jueves) consolidables en presupuestos futuros.

Lo que queda

Aun así todavía quedarán dos subidas salariales más que aplicar antes de que finalice la legislatura (las del 2019 y el 2020 por valor de más de 32 millones de euros) y una reivindicación estrella para las organizaciones sindicales: el recorte de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas (administración general y sanitarios) y de 20 a 18 horas semanales (docentes). El coste de ambas aplicaciones ascenderá a 13,1 millones de euros.

El Gobierno regional se ha comprometido a aplicarlas antes de que finalice el 2020, pero los representantes de los trabajadores manejan su propio calendario y esperan que el Ejecutivo dé una respuesta favorable en la reunión que mantendrán el próximo lunes: 35 horas para el personal de servicios generales a partir del próximo 1 de octubre; 36 horas para los sanitarios a partir del 1 de enero del 2019 y 35 horas a partir del 1 de enero del 2020, y 19 horas para los docentes en el curso 2019-2020 y 18 horas en el 2020-2021.

Fuente: Gobierno de La Rioja