Desfaciendo entuertos en la UR

«Es un órgano obligatorio por ley», recuerda cuando se le cuestiona sobre la necesidad de la Defensoría, y explica que, como en el conjunto de la administración pública, en las universidades también se cometen errores. Ella es la encargada de desfacer entuertos y de dar y quitar razones. «Estamos sujetos a tomar decisiones administrativas equivocadas que lesionen derechos y libertades. En la universidad no somos superhombres ni supermujeres». Y, en ese momento, cuando alguien se siente agraviado, es cuando ella entra en acción.

«Una de las situaciones más habituales es la de los procesos de evaluación. Es una realidad complicadísima con muchos factores en juego y que suele dar lugar a descontentos. En la mayor parte de las ocasiones los profesores se ajustan a los criterios previos que han sido publicados, pero también se da el caso de profesores que pueden entender que la libertad de cátedra se extiende también a la evaluación, cuando no es así...», explica. Los horarios, las matrículas, la permanencia en la UR, las situaciones sobrevenidas y algún que otro conflicto personal (no necesariamente entre alumnos o entre estos y sus profesores) configuran el grueso de los expedientes, unos 120 anuales, que tramita. En todo caso, y aunque en líneas generales «no es tan distinto lo que pasa en la Complutense de lo que pasa en La Rioja», no son conflictos extremos como sí acontece en otras universidades, sostiene.

Eso sí, no todo lo que llega a su despacho (en el edificio de Filologías, para posibles interesados) es lo que sucede en la Universidad de La Rioja. Es consciente de ello. «Todos los defensores hemos detectado que hay miedo a reclamar por parte de los alumnos. Aquí también. Tienen que saber que la confidencialidad está asegurada y su identidad protegida». Ella se encarga de eso... al menos hasta principios del 2020.