Los desahucios por alquiler ya duplican en La Rioja a los de ejecuciones hipotecarias

Los desahucios que tantos dramas humanos han generado en lo peor de la crisis empiezan a perder espacio en la actualidad informativa. Las imágenes de familias aferradas a su hogar con las autoridades a las puertas obligándoles a abondar el inmueble y una legión de ciudadanos denunciando la injusticia empiezan a ser residuales y mantienen una acusada tendencia a la baja. Sin embargo y aunque modulado, el problema persiste en La Rioja con una singularidad que se replica en el conjunto del país: los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias constituyen ya una parte menor del grueso de la estadística cada vez más dominada por los desalojos consecuencia del impago del alquiler. Así se percibe en el día a día y de la misma manera lo confirman los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la coyuntura económica en los órganos judiciales. De acuerdo con esta fuente, entre enero y julio del presente ejercicio (última referencia disponible) los lanzamientos practicados a causa de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos sumaron en la comunidad un total de 122. También hasta mitad del año, la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas suscritas con alguna entidad bancaria ha motivado 64 actuaciones judiciales.

El fenómeno no es nuevo. No cumplir con las cuotas del arrendamiento supera desde hace prácticamente un lustro el otro motivo que conlleva el desalojo. La novedad reside en cómo la distancia entre ambas circunstancias va agrandándose en la comunidad autónoma. Mientras que en el 2014 los lanzamiento por no hacer frente a los compromisos mensuales del inmueble que el afectado disfrutaba en alquiler representaban en torno a la mitad del total, en el actual ejercicio suponen ya el 65,5%. Una distancia que ha ido ensanchándose de forma paulatica año tras año y que al final del 2018, de continuar la progresión, anuncia alcanzar máximos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca confirma en rostros muy concretos lo que el CGPJ advierte numéricamente de manera aséptica. «Y todo, como consecuencia de la burbuja del alquiler que sigue creciendo», denuncia el portavoz de la PAH en La Rioja, Pedro Pablo Rodríguez. El impacto de la crisis que sacó a tantos trabajadores del mercado laboral e hizo inviable hacer frente a muchas hipotecas, sumado a la restricción del crédito por parte de las entidades bancarias, generó un cambio de escenario inclinándolo hacia del arrendamiento. Sin embargo, la escalada de los precios del alquiler ha hecho que esta fórmula tampoco sea una garantía de mantener la residencia. «La supuesta recuperación económica no está llegando a todos los hogares y la precariedad no permite muchas veces afrontar el abono de las mensualidades», relata Rodríguez para calificar como «silenciosos» este tipo de desahucios, «igual de dolorosos pero que trascienden mucho menos». «Así como en las ejecuciones hipotecarias el procedimiento legal es más largo, en los alquileres basta con el incuplimineto respecto a las cuotas que ampara la fianza previa para que el propietario pueda reclamar el desalojo exprés», explica para lamentar que las ayudas al alquiler excluyan por sus requisitos a las personas con menos recursos y no exista en La Rioja un parque público de arrendamiento social.

El consejero del ramo contextualiza la estadística -«no discierne entre pisos, naves industriales, fincas rústicas o hasta locales comerciales», puntualiza Carlos Cuevas- para subrayar tanto el descenso «exponencial» del conjunto de los deshaucios en La Rioja en los últimos años como la actuación del Gobierno regional en los casos de personas en riesgo de exclusión a través del programa de mediación integral, que desde el 2013 ha atendido a 766 familias. Medidas a las que se suma las ayudas a entidades sin ánimo de lucro o el convenio del IRVI y Bankia con programas de alquiler social.