133 riojanos mueren en año y medio esperando a recibir la prestación que ya tenían concedida

En España hay 4,2 plazas de residencia por cada 100 personas mayores, en total 393.581 plazas, según los últimos datos del Informe de Envejecimiento en Red elaborado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Estos datos localizados en La Rioja son un poco mejores que la media nacional. En nuestra comunidad se cuenta con 5,2 plazas por cada 100 personas de más de 65 años, en total 3.553.

Pero si se comparan estas cifras con las de un reciente informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, parece que se quedan bastante cortas. La Rioja es la tercera comunidad española con mayor 'limbo de dependencia', esto es, personas que tienen reconocido su derecho a una prestación, pero que están en listas de espera pendientes de recibirla. Los números ascienden al 15,09% del total, solo por detrás de Cataluña (26,06%) y País Vasco (17,83%). Y las cifras se quedarían en eso si no fuera porque implican vidas humanas. El mismo informe refleja que un total de 133 riojanos con derecho a prestación ya reconocida, pero a la espera de recibirla, fallecieron entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de septiembre de 2023, mientras que 20 más lo hicieron sin que fuera resuelta su ayuda de dependencia. Una cifra que asciende a 11.900 y 10.411 personas a nivel nacional respectivamente.

Y esta es una tendencia que parece que va en aumento ya que en La Rioja hay 454 personas beneficiarias más en las listas de espera respecto al arranque del año.

«Estos datos ponen de manifiesto que cada vez está más lejos el objetivo del Plan de Choque de reducir la lista de espera en España en 60.000 personas este año. La burocracia y el hecho de que en más de la mitad de las comunidades autónomas crece la lista de espera hace que fracase el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y que no se aproveche la oportunidad del importante incremento presupuestario comprometido en este objetivo», aseguran desde la Asociación de Directores de Servicios Sociales.

«Son necesarias medidas urgentes para evitar el abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los distintos Ejecutivos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones», concluyen.

Y es que la aportación de las comunidades autónomas a la atención a la dependencia disminuyó en 98 millones de euros durante el año pasado. El incremento presupuestario aportado desde el Gobierno para el plan de choque contra la pandemia del covid-19 ha llevado a algunos territorios a retirar parte de su financiación para este fin, lo que contrasta con la tendencia de envejecimiento constante de nuestro país.