Un total de 252 riojanos fallecieron en las listas de espera de la dependencia entre los meses de enero y julio, según denuncia en su último informe la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Este colectivo profesional sostiene que todos ellos ... tenían reconocido el derecho a prestaciones y servicios públicos, pero ninguno llegó a recibirlos, porque en todos los casos la muerte les sobrevino mientras sus procesos se tramitaban administrativamente. Un «limbo» provocado por «la burocracia que retrasa el sistema de atención», denuncia la asociación nacional. Por su parte, el Gobierno riojano refuta las conclusiones del estudio y atribuye el dato a que «bastantes» dependientes con una prestación reconocida finalmente no llegan a solicitarla.
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En lo que va de año y en el conjunto de España, 29.157 personas han fallecido en las listas de espera de la dependencia, según los profesionales del sector: 17.733 con derecho pendientes de prestación y 11.424 a la espera de la resolución del grado de asistencia, lo que supone «la vergüenza de que 139 personas fallezcan cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley».
Por comunidades, las que han registrado un mayor aumento de los beneficiarios con prestación son Asturias (11%) y Madrid (10,5%). Por el contrario, en Navarra y el País Vasco «ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición» (nuevos beneficiarios que suplen a los que fallecen), disminuyendo en 79 y 266, respectivamente. «Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país», reclaman los especialistas, que también piden «simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento».
Además recuerdan que «ya se han recuperado los recortes económicos de 2012 y se han incrementado los presupuestos». Por ello se deben agilizar los procesos para «evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia», exigen los directores y gerentes de servicios sociales. Asociación que en su informe completo sobre 2020 también se mostró muy crítico con La Rioja, calificando de «verdadera hecatombe» los datos que arrojó la comunidad, con «3.168 dependientes sin valorar, el 29,3% del total», la segunda tasa más alta solo detrás de la catalana (31,9%).
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La directora general de Dependencia, María Somalo, asegura que «bastantes» personas que tienen el derecho reconocido finalmente no lo ejercen, esto es, no solicitan formalmente las prestaciones y los servicios, porque «no les viene bien en ese determinado momento ninguno de los que se les ofrecen». Y pone el siguiente ejemplo: el del familiar de un dependiente reconocido y que por su cuidado tiene derecho a percibir 400 euros de ayuda; además de solicitar este apoyo económico, «a la par, debe pedir la ayuda a domicilio, y se echa para atrás porque no quiere que entre una persona en su casa».
En todo caso, Somalo no puede concretar cuántos de esos 252 dependientes riojanos fallecidos en los siete primeros del año renunciaron finalmente a pedir las prestaciones. Por otro lado, la directora general de Dependencia sí se fija en un dato destacado del informe: que de los 252 fallecidos ninguno estaba pendiente de valorar. «Somos la única comunidad a cero, lo que ya habla del buen ritmo que llevamos en La Rioja», dice. Con datos al 29 de julio, «desde que se solicita una valoración de dependencia en La Rioja estamos tardando una media de 44 días para hacerla y de 65 días para emitir la resolución» que, en caso de ser afirmativa, dictamina el grado de necesidades y las prestaciones asociadas.
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Por ello, Somalo niega que el exceso de burocracia sea un problema en el sistema riojano de atención, además de que, «con la financiación extraordinaria que hemos recibido, hemos podido reforzar los equipos de valoración contratando a diez nuevos trabajadores».
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también denuncia importantes fallas en las ayudas de emergencia social. Recuerda que «el Ministerio de Derechos Sociales ha incrementado en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales –convenio del Estado con las autonomías y los ayuntamientos para la cofinanciación de los servicios sociales– hasta cien millones de euros, con lo que se pueden aumentar las ayudas de emergencia social». «Pero siete meses después todavía no se ha distribuido ese crédito, por lo que no se puede utilizar», censura.
Pero es que, además, los profesionales reclaman «la necesidad de derogar «el entramado burocrático, innecesario y cruel», que hace que las ayudas de emergencia social «sean tratadas como cualquier subvención», de forma que «se vincule su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción del profesional de referencia de los servicios sociales».
La comunidad no sale bien parada en el informe. Con los datos que la administración regional envía para justificar el Plan Concertado, La Rioja es la comunidad con el menor gasto medio por prestación (10 euros) y moviliza 107.871 al año en ayudas de emergencia social, lo que supone 0,34 euros por habitante. Si el análisis se realiza sobre los 45.428 riojanos que, según el informe están en situación de riesgo de pobreza, la ratio sube hasta 2,37 euros.
El director general de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, Pablo González, advierte de que los importes manejados son «incorrectos» y «llevan al error» porque solo tienen en cuenta una parte de todo el volumen de ayudas que se gestiona.
Así los 107.871 euros «son en realidad 787.992 euros; el gasto medio por prestación asciende a 197,73 y el realizado por habitantes va de 2,53 (toda la población) a 17,55 (en riesgo de pobreza)». Asimismo, la cuantía media de las ayudas «está entre 150 y 200 euros, no los diez que dice el informe».
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