Denuncian al presidente y al secretario de la Federación Riojana de Caza por malversar fondos públicos

El juzgado les cita a declarar en septiembre, junto a los denunciantes, para esclarecer este posible delito y también otro de falsedad documental

LA RIOJA

Domingo, 23 de julio 2023, 16:43 | Actualizado 17:26h.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha citado a declarar el próximo 26 de septiembre tanto al presidente y al secretario de la Federación Riojana de Caza, en calidad de denunciados por malversación de fondos públicos y por falsedad documental, como a quienes en diciembre presentaron contra ellos esta querella criminal, una sociedad de cazadores y un miembro de la asamblea. En la denuncia se acusa a los cargos federativos de utilizar la entidad «y los recursos y medios públicos a su antojo para fines personales y privados en perjuicio de otros particulares y federados».

En declaraciones a Diario LA RIOJA, el presidente de la Territorial de caza asegura que «no puede haber una malversación de fondos públicos cuando somos una entidad privada, aunque de interés público. Y tenemos convenios de colaboración con las administraciones por los que recibimos una ayudas económicas una vez que hemos justificado debidamente las actividades objeto de subvención», como pueden ser cursos de formación, asistencia técnica o contraperitación de daños.

El origen de «una serie de situaciones y actuaciones que son todas ellas delictivas», según recoge la denuncia, se remonta a junio y julio de 2022 cuando el presidente contrató al secretario «por un montante superior a los 100.000 euros, incumpliendo todo trámite previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y en los propios estatutos federativos». Esta contratación, prosigue el escrito judicial, se hizo «de forma oculta, engañosa, fuera de todo procedimiento previsto, sin ningún tipo de publicidad y sin posibilidad alguna de concurrencia». Sin embargo, el presidente asegura que fue una contratación «aprobada por la junta directiva, refrendada por la asamblea y ratificada en los presupuestos aprobados el pasado mes de mayo».

En la denuncia, quienes la presentan aseguran también que «desde junio a noviembre se han ido descubriendo y haciendo patentes un conjunto de hechos preocupantes como la desaparición de los presupuestos de importantísimas cantidades de dinero público provenientes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que ascenderían hasta más de 90.000 euros anuales y de los que se desconoce motivo, fin o destino».

El máximo responsable federativo asegura que las personas que están detrás de esta querella criminal «sólo buscan menoscabar el trabajo que estamos haciendo y dañar nuestro honor, pero también están haciendo daño a todo el colectivo de cazadores y a la propia Federación». El presidente asegura también que uno de los denunciantes «ha sido expedientado por la Federación» y otro de ellos «intentó agredir al secretario» con lo que «buscan, mediante esta querella, paralizar» las actuaciones judiciales en su contra.

En este sentido, y en cuanto al delito de falsedad documental, el denunciante asegura que en el expediente sancionador en su contra que le ha abierto la Federación «la firma de la propuesta realmente es copia de otra firma original de otro expediente diferente por lo que es falsa y no se ha llevado a cabo por el instructor». Sin embargo, el presidente sostiene que «es una firma que ha sido enviada electrónicamente en un expediente, así que difícilmente se puede falsear».

Asimismo, el presidente de la Territorial de caza considera que detrás de esta denuncia «hay intereses políticos» porque «cada vez que he dado un paso, he tenido respuesta vía judicial». Sucedió, en primer lugar, «cuando presenté la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)» como alternativa al Proyecto de Ley de Gestión Cinegética de La Rioja que el anterior Gobierno regional del PSOE desarrolló «sin contar con los cazadores» -fue la crítica que en su momento hizo la entidad cinegética-. Y en diciembre pasado, cuando en la Federación ya se planteaban la posibilidad de hacer una manifestación en primavera «para protestar contra la Ley de Bienestar Animal autonómica y las políticas contrarias hacia la caza y hacia el colectivo de cazadores», llegó esta querella que ahora ha trascendido públicamente.