UGT denuncia que uno de cada tres empleos públicos en La Rioja es temporal

"Inadmisible". Así de tajante se ha mostrado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Rioja, Fernando Domínguez, a la hora de valorar el alto grado de temporalidad laboral en las administraciones riojanas. Domínguez ha hecho estas declaraciones durante un receso de la jornada formativa que la federación ugetista está celebrando hoy en Logroño sobre la negociación colectiva, en la que participa la secretaria de Acción Sindical de UGT confederal, Isabel Araque.

Por administraciones, la autonómica ha pasado de una ratio de temporalidad laboral del "25% al 35%-36%", debido "probablemente" a los refuerzos de plantilla que tuvieron que acometerse durante los dos años de pandemia. En el caso de los docentes no universitarios, la tasa ronda "el 42%-43%" y en sanidad, el "32%-33%".

Según sus cálculos, a día de hoy sólo la Administración General del Estado (AGE) cumple el límite del 8% que marca la Ley de estabilización, que también establece que con fecha de 1 de junio "deben estar publicadas todas las OPE". Es decir quedan sólo tres semanas, por lo que las administraciones públicas "deben ponerse las pilas".

En el área autonómica al menos ya están abiertas varias mesas de negociación, no así en la local, "totalmente paralizada", cuya ratio de temporalidad oscila "entre el 13% y el 14%". Por ello ha exigido a los ayuntamientos, muy especialmente al de Logroño, que se avengan a alcanzar acuerdos con los agentes sociales., lo que a su juicio se podría conseguir con "una mesa general de negociación" tutelada por el Gobierno regional.

Por su parte, Araque ha valorado muy positivamente la reforma laboral, que "afecta tanto a los servicios públicos como al sector privado" y "ha acabado con el desangre de plazas". "Todas tienen que estar provistas de forma continuada y fija" y "ya no hay motivos ya para no hacer fijos a los trabajadores". También ha destacado que "se ha derogado la posibilidad" prevista en el anterior marco normativo de "hacer expedientes de regulación extintivos" en el sector público, lo que provocó "2.500 despedidos en toda España con su oposición en la mano".