La demanda para individualizar los consumos de la calefacción desborda a los instaladores

«La demanda es brutal. Ninguna empresa tiene los recursos suficientes para hacer las instalaciones en tiempo y forma», asegura Javier Monterrubio, responsable del área Norte de Techem, la empresa responsable de instalar repartidores de costes y asesorar a las comunidades de vecinos y administradores de fincas en este proceso. En el caso de esta entidad, han registrado un aumento de la demanda de entre un 25 y 30%. No solo eso: tienen pendiente de realizar cinco instalaciones en Logroño, si bien esta cifra se podrá incrementar según se vayan celebrando las reuniones y juntas de vecinos. «Es brutal, no tiene fin. Cada comunidad de vecinos lleva sus tiempos y, según van llegando a acuerdos, van entrando nuevas peticiones».

No son los únicos. Desde SALA también ratifican esta elevada demanda. «Estamos saturados, los plazos que manejamos para hacer las instalaciones son para lo largo de esta campaña, igual para el mes de abril», expone José Manuel Sagasta, el gerente de la entidad. Su situación no es fácil: sufren problemas de personal que les demoran los plazos. «Pusimos un contador en noviembre en una comunidad y otras cuatro están pendientes de la instalación por problemas de personal. No damos abasto. Intenté contratar a personal homologado, pero no es fácil».

No solo eso: tienen pendiente la instalación de 13 repartidores de costes. «Estamos empezando a ponerlos este mes, pero solo tengo a dos personas, una de ellas haciendo un cursillo para homologarlo, que los pueda poner y podamos cumplir lo antes posible con la demanda que tenemos, porque andamos muy pillados». «Estamos saturados. Se afronta el día a día como se puede, hasta que no terminemos en una comunidad no empezaremos con otra». Desde la delegación de Aranconta que cubre País Vasco, Navarra y La Rioja también cifran el aumento general de la demanda en casi un 30%.

Hay dos razones que están detrás del «colapso» que sufren las empresas del sector. Por un lado, la aproximación de los plazos establecidos en el Real Decreto del Gobierno, que establece la obligatoriedad de que todos los edificios con calefacción central deben de contar, antes del 1 de mayo, con contadores individuales o repartidores de costes, «siempre que su instalación sea técnicamente viable y económicamente rentable». En el caso de La Rioja, son 960 las comunidades de vecinos que tienen que individualizar sus consumos, frente a las 242 que han solicitado la exención, según los últimos datos facilitados por el Ejecutivo regional.

De ahí que, como apunta Ignacio Román, secretario del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de La Rioja, «prácticamente el 90% de las comunidades de vecinos que no contaban con una individualización de su consumo hayan puesto repartidores o lo estén gestionando para hacerlo». El problema, asegura, es que «todo el mundo ha decidido ponerlos este año por cómo ha evolucionado el mercado y en Logroño hay muy pocas empresas que se dedican a instalarlos, por eso algunas comunidades han podido ponerlos y otras están pendientes de su colocación, que esperamos que en las próximas semanas lo puedan hacer». «Todas las comunidades que tenemos la obligación de adaptarnos al Real Decreto estamos demandando el mismo servicio y el mercado no está preparado. Las empresas instaladoras se ven sobrepasadas, algunas nos han manifestado que, a pesar de que los repartidores se pidieron hace tiempo, no nos los podrán colocar hasta la primavera o mediados de 2023», expone Óscar Sáenz, gerente de Iuris Abogados.

Otro factor que ha propiciado esta creciente demanda es la posibilidad de las comunidades de vecinos de acogerse a la tarifa regulada, todo debido a que la individualización de sus consumos es uno de los requisitos que deben cumplir para poder acogerse a ella. Por eso, «muchas de las comunidades que estaban exentas han decidido poner contadores o repartidores para controlar su consumo de calefacción», explica Román. Una situación que corrobora el responsable del área Norte de Techem, que explica que desde la creación de la TUR 4 «todo el mundo quiere poner repartidores, incluidas aquellas comunidades que están exentas, porque están viendo que para acogerse a esta tarifa necesitan tenerlos instalados». En este sentido, Héctor Ramírez, responsable de realizar los estudios de viabilidad para instalar estos equipos en ISOR Mantenimientos, ratifica que «comunidades que no tienen obligación de hacerlo por su resultado negativo están instalando los repartidores y costes, con bastante premura y necesidad». De ahí los problemas para poder hacer frente a la elevada demanda. «Es brutal. Tenemos hasta mayo para que las comunidades instalen estos sistemas y puedan acogerse a la TUR, pero lo veo complicado. Hemos contratado personal y priorizado esta instalación porque no llegamos», concluye Monterrubio.