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Las tractoradas les van a salir bastante caras a un buen puñado de agricultores y ganaderos riojanos. Dieciocho de los que participaron en las movilizaciones que se prolongaron entre febrero y marzo de este año ya han recibido, incluso pagado, las denuncias que se les ... han impuesto por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, la 4/2015 conocida popularmente como 'ley mordaza'. Los cargos para sustentar las denuncias se basan en los artículos 36.6 (desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse) y 37.4 (faltas de respeto a los agentes).
En el primero de los casos, las sanciones van desde los 601 hasta los 30.000 euros, aunque las impuestas han sido en el grado inferior. En el segundo, las multas tienen una horquilla de 100 a 600 euros.
El corte de tráfico del polígono Lentiscares (Navarrete) y el corte puntual de la A-12 del 7 de febrero son los actos en los que más denuncias se han tramitado ya, con un total de 8. Le sigue la concentración nocturna y no comunicada del domingo 18 de febrero, cuando decenas de tractores llegaron al centro de Logroño y acabaron aparcados en Gran Vía. Por estos actos se han tramitado siete denuncias. Además, otras dos se fechan bastantes días después, en concreto el 19 de marzo. En esa jornada no hubo tractoradas como tal, pero sí una concentración frente al Consejo Regulador.
La denuncia que completa las 18 es la más grave. Fue el 6 de febrero cuando se produjo un incidente entre un ganadero y varios policías locales de Logroño entre las calles Vara de Rey y Muro de Cervantes. El caso se cerró en abril con la condena a dos años de cárcel contra el ganadero por un delito de atentado con vehículo a motor.
Son dieciocho las ya tramitadas, pero la instrucción sigue abierta en otros casos y pueden llegar más denuncias por desobediencia (en marzo se informó de que las propuestas llegaban a 60) en sucesos como el ocurrido el 8 de febrero en el cruce entre las calles Huesca y República Argentina, donde hubo empujones entre manifestantes y agentes.
Aunque en la mayor parte de los dieciocho ejemplos referidos los sancionados han preferido plegarse a las sanciones administrativas, hay casos en los que se han rebelado. Por ejemplo, en vía administrativa se encuentra un expediente singular. Los agentes denunciaron a un agricultor por estar en Gran Vía 1 el 18 de febrero. Pero él alega que había viajado a Logroño en el coche de unos amigos y el vehículo se encontraba en su localidad.
Los abogados de este agricultor han pedido aportar pruebas, lo que ha sido admitido, y estas se propondrán por escrito en una especie de testifical de testigos y agentes. El siguiente paso sería ya judicial, si el denunciado decide llevar el procedimiento al Contencioso, lo que podría alargarlo más de un año.
Además de los procedimientos abiertos por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, los más graves, existen otros mucho más numerosos (superan ampliamente los dos centenares) y que han llegado en cascada a los domicilios de muchos agricultores y ganaderos en forma de denuncia.
Se trata de las infracciones de tráfico por causas como circular extremadamente despacio para obstaculizar la circulación o por aparcamientos prohibidos. Multas que, en su mayor parte, se han sustanciado en 200 euros y la retirada de entre dos y cuatro puntos del permiso.
En este caso, la Delegación de Gobierno ya advirtió durante las protestas, por si a alguno de los participantes no le había quedado claro, que se iba a proceder a «denunciar todas las actuaciones contrarias a la legislación de tráfico aplicable, así como el incumplimiento de cualquier normativa tanto municipal como estatal». Dicho y hecho en La Rioja y en el resto de España.
Es agricultor y estuvo en las tractoradas. El 7 de febrero reconoce que, junto a otros doscientos chalecos amarillos, entró en la autovía A-12 a la altura del polígono Lentiscares para cortarla. A mediados de mayo, una notificación le recordó estos hechos y les puso una cifra: 1.202 euros de multa por desobediencia al mandato de los agentes de la Guardia Civil y por no identificarse. Su sorpresa fue mayúscula. «Me dicen que yo era un instigador y que no me había identificado. Ni una ni otra cosa. Estuve allí como tantos otros, es más, no me gustaba la idea de cortar la autovía, pero en ese momento así se decidió. Y que no me identifiqué… ¡Nadie me pidió identificarme», resalta.
Los instructores consideraron que este agricultor había cometido una infracción grave, sancionada con entre 601 y 30.000 euros. En su caso, los ya citados 1.202 euros. Su sorpresa fue mayúscula. «Fui a Delegación a pedir el informe de mi denuncia, al cuartel de la Guardia Civil del agente que me denunció para que viese que había un error. No estaba y hablé con una compañera, a la que pedí que me hiciera una foto para que viese que no era yo, a lo que educadamente se negó. Al día siguiente me llamó muy educadamente y me dijo que su compañero no quería hablar conmigo y que se iba a ratificar en su denuncia», recuerda.
En la denuncia no aparece que esta esté sustentada por un vídeo, solo por la declaración de los uniformados. Y se abría el camino a recurrir, pero ha decidido no hacerlo y se ha acogido a pagar la multa que, con el pronto pago, se reduce a la mitad. «Me joroba pagar. Sé que estoy pagando una multa por algo que no hice. Pero si inicio un proceso necesito un abogado, un procurador y tiempo. Y al final será más caro y muy largo», expone.
Lo que sí ha conseguido esa sanción es que la próxima vez que haya una movilización, este agricultor ni se acerque. «Si se me queda una especie de antecedente y pasa algo similar sería reincidente. Me he comido 600 euros, pero no me voy a comer 20.000», recalca. Para él, la intención que subyace es castigar a unos cuantos para que el ejemplo cale. «Si no tendrían que haber multado a los 200 que estábamos en Navarrete», concluye.
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