La Delegación del Gobierno autoriza las cámaras de vigilancia en Cihuri y El Villar de Arnedo

Esta no es la primera vez que se autoriza la instalación de sistemas de videovigilancia en localidades riojanas que carecen de Policía Local, ya que previamente, en diciembre de 2021, se permitió en Villamediana de Iregua, Fuenmayor y Sajazarra.

Asimismo, la Comisión de Garantías de la Vigilancia ha renovado la autorización de cuatro sistemas de videovigilancia en el Parque Felipe VI de Logroño y 16 en Haro, que se ampliará a 17 cámaras tras aprobarse la ampliación de una más. En ambas localidades, corresponde el acceso a las imágenes grabadas a la Policía Local.

La 'Guía de Videovigilancia en lugares públicos', elaborado por la Delegación del Gobierno en La Rioja, se remitió a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En la misma se establece que el procedimiento que debe seguirse en aquellas localidades que no disponen de policía local consiste en presentar una solicitud con los motivos que alegue el ayuntamiento para requerir la instalación de cámaras de seguridad y, posteriormente, se dará traslado a la Guardia Civil para que verifique la realidad del problema planteado e informe sobre la conveniencia e idoneidad de la instalación de las cámaras como medida adecuada para contribuir a su solución.

Si el informe de la Guardia Civil considera apropiada la instalación de las cámaras por concurrir las circunstancias que exige la normativa de aplicación, desde la Delegación del Gobierno se iniciará, de oficio, el procedimiento encaminado a la autorización de estos sistemas de videovigilancia, solicitando el preceptivo informe de la Comisión de Garantías de Videovigilancia que, en el supuesto de que sea desfavorable, vincula a la Delegación del Gobierno, no pudiendo autorizarse la instalación de las videocámaras.

En el supuesto de que el informe sea favorable, la Delegación del Gobierno podrá resolver autorizando la instalación de estos sistemas de videovigilancia y es, a partir de entonces, cuando los ayuntamientos podrán instalar esas cámaras de videovigilancia como medio de prevención del delito y, al mismo tiempo, para facilitar investigaciones de posibles delitos que se cometan en el municipio, siempre teniendo en cuenta que solo podrán ser visionadas estas imágenes por parte de la Guardia Civil y no por los auxiliares de policía de la localidad, si los hubiera, ni por ningún otro empleado público o autoridad municipal.

Las autorizaciones de las cámaras en espacios públicos son por un plazo anual, transcurrido el cual se deberá justificar la conveniencia de su continuidad o deberán dejar de utilizarse.

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia es un órgano colegiado, presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del que, además, forman parte el fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia, un abogado del estado, un representante de la Administración General del Estado y un representante designado por la Federación Riojana de Municipios. Actúa como secretario de la citada Comisión, el secretario General de la Delegación del Gobierno.