El PP defiende un modelo de gratuidad escolar de 0 a 18 años

Para Garrido, ampliar el «concierto singular» que establece la LOE al conjunto del Bachillerato en todos los centros escolares riojanos a partir del próximo curso 2022/2023 contribuiría a «concretar el principio de libertad de elección de centro educativo». Una reclamación a la que también ha sumado la solicitud de que se reconozca «el principio de demanda social como principio básico organizativo de la programación educativa riojana».

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de La Rioja ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa en la que ha detallado las medidas administrativas en materia educativa propuestas por esta formación política en La Rioja. Y estas están recogidas en forma de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y de Acompañamiento de los Presupuestos de La Rioja para 2022.

De todas ellas, ha destacado la firme oposición del partido a la derogación que plantea el Ejecutivo regional de la Ley 2/2011, que aborda la condición de autoridad del profesorado y regula los principios básicos de convivencia en los centros educativos riojanos.

Porque, según ha expresado, desde el PP «defendemos la condición de autoridad del profesorado, tal y como establece la ley que pretende derogar el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, para el equipo directivo, los profesores de los centros públicos y concertados, así como a los inspectores de Educación».

Esta norma, a su juicio, «declara la protección inherente en su condición de autoridad, con la presunción de veracidad en su ámbito disciplinario, e impone el deber de colaboración de terceros cuando ejerce su función disciplinaria. Un referente normativo que fortalecía el papel del profesorado, un valor que hay que defender», ha afirmado.

Ante ello,ha proseguido, «estamos radicalmente en contra de su derogación». De ahí que planteen una enmienda para suprimir esa supresión, ya que, desde su aprobación en 2011, «no ha habido ni una sola queja en el sector, ni un solo motivo para derogarla, y sí a sindicatos educativos, entre los que se encuentran ANPE, STAR, la CSIF, FSIE o USO, que se han opuesto a su derogación».

«Nada avala su derogación, queremos ser constructivos», ha manifestado Garrido, quien ha añadido que, «si el consejero Pedro Uruñuela pretende fortalecer la dimensión no sancionadora en los centros (prevención, intervención previa en la resolución de conflictos o convivencia pacífica ), le proponemos introducir ese ámbito en la norma actual». Todo ello, según ha reiterado, «desde un espíritu constructivo», ya que «no proponemos derogar una ley que ha funcionado bien, sino reformarla, y estamos dispuestos a reunirnos con el consejero para abordar esta modificación desde un diálogo sincero, sin sectarismos», ha concluido el portavoz de la formación azul.