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En el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos' que este viernes entregó el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados se recogen once lugares en La Rioja en las que se ... cometieron agresiones, en un periodo comprendido entre los primeros años de la década de los 60 y el ejercicio 2021. En este listado incorporado como anexo al documento destaca, sobre todo, que seis de esas localizaciones corresponden con otros tantos colegios católicos de Logroño. Estos casos, algunos de los cuales no habían trascendido, han sido denunciados en entrevistas a la Unidad de Atención a Víctimas del Defensor del Pueblo -que empezó a investigar el asunto por mandato del Parlamento- así como por diferentes portavoces de la Iglesia católica y por las averiguaciones que tiene abiertas desde hace años el periódico El País.
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Los centros escolares logroñeses en los que hubo ataques sexuales, según el documento remitido por Ángel Gabilondo, fueron Maristas, en torno a 1960; Rey Pastor, en 1975, con un padre capuchino como implicado en la agresión; Salesianos, también con un religioso de la congregación como autor de los hechos cometidos entre 1971 y 1975; Nuestra Señora de Valvanera; Salvatorianos; y Escolapias Sotillo, donde ocurrió el caso más reciente, el 20 de octubre de 2021, cuando un trabajador del centro que no tenía responsabilidades docentes abusó sexualmente de una alumna menor de edad y horas después se suicidó.
A estos seis colegios católicos se le suman en el anexo del informe -donde se identifican en toda España alrededor de 670 localizaciones religiosas en las que se han registrado casos de pederastia- otros cinco lugares, tres de ellos también en Logroño, donde hubo abusos. Son la parroquia San Ignacio de Loyola, un centro de ejercicios espirituales y un domicilio particular.
Fuera de la capital ha habido al menos un caso, en el municipio de El Rasillo. Entre los años 1994 y 1997, en la casa parroquial de esta localidad camerana se cometieron agresiones sexuales a dos jóvenes, una de ellas menor de edad. El sacerdote V. L. T., señalado como autor de los hechos, falleció.
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Tres de estos casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica ya fueron notificados en febrero por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño a la Fiscalía General del Estado y a este organismo judicial en La Rioja. El contenido del informe del Defensor del Pueblo no ha resultado «sorprendente» en la diócesis de nuestra comunidad porque «hemos ido conociendo casos en los últimos meses a través de las investigaciones periodísticas», explicaron el viernes portavoces autorizados de la institución religiosa a este periódico.
Asimismo, por el momento ni el obispo, Santos Montoya, ni ningún otro miembro de su equipo realizarán valoraciones hasta que este próximo lunes se celebre una asaamblea convocada de manera extraordinaria por la Conferencia Episcopal. En ese encuentro de los prelados españoles se analizará tanto el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos' como la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega del estudio que le encargaron los obispos sobre los abusos sexuales.
Entre los casos comunicados por la Diócesis riojana hay dos sacerdotes implicados como agresores -uno de ellos, el fallecido de El Rasillo- y un total de cuatro víctimas, tres hombres y una mujer. Dos de esas personas agredidas eran menores de edad en el momento de los hechos.
El exdiputado socialista por La Rioja y presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, destacó que el resultado de la investigación del informe del Defensor del Pueblo responde «fundamentalmente al testimonio y las reivindicaciones de víctimas de abusos sexuales».
Cuatrecasas, padre de una víctima de agresiones sexuales cometidas por un profesor del colegio Gaztelueta del Opus Dei de Leioa en Vizcaya, considera que el documento «es positivo, pero no es un fin en sí mismo. Es un instrumento que se remitirá luego al pleno del Congreso de los Diputados». Y tiene la esperanza de que los grupos políticos valoren las mediadas «y legislen en favor de los derechos de las víctimas».
El presidente de ANIR cree que estas peticiones «no son una limosna, son derecho». Y entre las recomendaciones más importantes apunta que el Sistema de Salud implemente terapias gratis a las víctimas, que la Iglesia haga frente a «las carencias» que provoca la exclusión laboral y estudiantil o que la Fiscalía actúe de oficio ante «presiones y amenazas» de sufren las víctimas «por parte de los pederastas y de su entorno».
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