Las defensas de dos de los cinco menores de la manada de Logroño piden la recusación del juez que lleva el caso

Los dos abogados, que reclamaron la recusación justo antes de que arrancara el juicio contra los cinco menores a principios de este mes -la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite que se solicite una vez iniciada la vista oral-, alegan el supuesto interés directo o indirecto del magistrado basándose, según detallan fuentes próximas al caso, en un informe del juez en el que negó la petición de más tiempo para estudiar el caso por parte de estos mismos letrados.

El juez, en el mismo auto, consideraba que el juicio ya se podía celebrar puesto las dos menores víctimas de la agresión sexual ya habían declarado el pasado mes de junio en lo que se denomina prueba preconstituida, es decir, en la cámara Gesell acondicionada para entrevistar, sobre todo a niños, en un entorno más amable. Tras aquellas primeras declaraciones, se habían tomado otras que el juez consideró suficientes tanto para refutar como para corroborar la versión de las pequeñas, de ahí que lo adecuado era, a su entender, celebrar la vista.

La petición de recusación que es una forma de apartar a un juez de un proceso no es habitual al menos en La Rioja. Son pocos los casos en los que se puede solicitar, en concreto, se ciñe a los supuestos en los el magistrado en cuestión tenga un pleito pendiente con alguna de las partes, tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes, interés directo o indirecto en el pleito o causa, haber tenido participación en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.

En La Rioja, al menos públicamente sólo ha trascendido un caso de solicitud de recusación. El exalcalde de Villamediana, Tomás Santolaya, lo intentó en 2017 con la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 que le acusaba de prevaricar para facilitar la legalización del chalé que Pedro Sanz posee en esa localidad. Lo hizo después de que el juez remitiera el caso al Tribunal Supremo.

Lo cierto es que con independencia del uso que se ha hecho hasta ahora de esta figura jurídica, en manos de la Audiencia Provincial está ahora la respuesta respecto del juez de Menores que lleva un caso que despertó un enorme interés mediático y acabó con el internamiento de cinco menores en régimen cerrado en Virgen de Valvanera. De todos los entonces detenidos tres todavía permanecen en el mencionado centro y otros dos ya fueron puestos en libertad.

Los hechos se remontan al 9 de abril de 2023. Ese día, las dos víctimas, de 12 y 13 años, habían quedado con dos de sus agresores a través de una red social en una céntrica calle de Logroño. En un momento dado, las convencieron para acceder a los trasteros del inmueble y, una vez allí, las separaron y supuestamente las agredieron sexualmente. Tras lograr zafarse de los chavales, fueron caminando hasta Duquesa de la Victoria, donde fueron atendidas por varias patrullas de la policía local y también de la nacional. De ahí fueron conducidas al hospital San Pedro.

Dos días después, la Policía Nacional detuvo a cinco menores de entre 14 y 17 años y otros dos pequeños, de menos de 12 años y por tanto inimputables, que quedaron bajo la tutela de sus padres. En un primer momento, el juez envió a Valvanera a sólo dos de los cinco, aunque posteriormente ordenó el internamiento de otros dos y sólo uno quedó en libertad, aunque con la prohibición de acercarse a las niñas. Así hasta junio, cuando este último también fue enviado al centro de internamiento por su supuesta participación junto con otros dos detenidos en una agresión anterior en el tiempo, en concreto, el 27 de enero de 2023, pero que no se destapó hasta entonces.

La nueva violación grupal también habría ocurrido en el mismo trastero que los chavales llaman 'Cachimán' en el número 16 de avenida de Navarra. La víctima, de 14 años, que no había presentado denuncia por estos hechos, comunicó lo ocurrido a Servicios Sociales y desde ahí se pusieron en contacto con la Fiscalía de Menores para trasladarles el horror que, según su versión, había vivido la pequeña.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la jefatura Superior de Policía de La Rioja, una vez oficiados por la Fiscalía, detuvieron al presunto agresor que estaba en libertad, tomaron declaración a la víctima, al menor y a varios testigos de lo sucedido.