Declarada la emergencia climática y de biodiversidad de La Rioja

El consejero ha insistido en que esta declaración debe servir para «incidir en la sensibilización de la sociedad y de aquellos sectores económicos y sociales que aún no lo consideran una prioridad». Según ha afirmado «seguir negando la importancia del cambio climático y sus efectos o la existencia de una crisis de pérdida de biodiversidad, es una temeridad».

El texto de la declaración compromete a La Rioja a «impulsar y acelerar» la puesta en marcha hasta 15 medidas, en su mayoría incluidas en los proyectos de Ley de Cambio Climático y de Biodiversidad y Patrimonio Natural remitidos al Parlamento regional, y que tienen el objetivo «abordar de forma transversal el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de forma que se integren en todos los ámbitos de las políticas públicas». También asume impulsar un Plan Riojano Integrado de Energía y Clima como instrumento de planificación de la mitigación del cambio climático en La Rioja en el que ya trabaja el Gobierno.

Otro elemento clave de respuesta a la emergencia climática será el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático, que el Ejecutivo espera presentar «este otoño», para lograr una comunidad más segura y menos vulnerable a los efectos perjudiciales al calentamiento global haciendo especial hincapié en los sectores sociales más desfavorecidos, a los ecosistemas más afectados y los sectores productivos que mayor esfuerzo de adaptación precisan.

También se impulsará la Estrategia Riojana de Transición Justa como instrumento de acompañamiento a los sectores sociales y económicos, asegurando que los costes y beneficios de dicha transición se repartan de forma equitativa para frenar las desigualdades.

En la misma línea se plantean incidir en la sensibilización social; promover la movilidad colectiva y activa, como la ciclista, para que sea más sostenible; integrar los recursos naturales en la contabilidad regional; mejorar la coherencia de las inversiones y medidas fiscales del gobierno con la agenda climática y de protección de la biodiversidad; impulsar el autoconsumo y la rehabilitación energética de edificios; contribuir a reducir las desigualdades, incluyendo las de género, transformar el modelo industrial, agrario y el sector servicios para que se adapten a los límites ambientales; integrar los efectos sobre la salud de las personas de los retos ambientales y que sean parte de los currículos educativos; o impulsar la economía circular y la eficacia en el uso del agua.

El Ejecutivo riojano cumple así la proposición no de ley del Parlamento, ratifica su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad y «proseguirá con el impulso que está dando a la agenda verde del Gobierno de Concha Andreu».

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado aumentar en 422.246 euros la dotación destinada a seguros agrarios, que pasa a tener un presupuesto de 4 millones de euros, con el fin de «apoyar a los sectores agrarios para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania». Además, las ayudas a explotaciones apícolas ascenderán este año hasta los 132.583 euros.

Otro asunto tratado por el Consejo de Gobierno esta mañana también está marcado por el conflicto bélico en el este de Europa y se refiere a los 1,25 millones de euros que está previsto que se destinen en ayudas directas excepcionales a determinados sectores agrarios para compensar las dificultades económicas derivadas de la guerra. Estas ayudas están financiadas por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, con 418.003 euros y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 835.554 euros. Por su parte, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, complementará las ayudas estatales con una inversión de 2,2 millones de euros en ayudas directas regionales en el marco temporal del Plan Regional de respuesta a la crisis de Ucrania en diferentes sectores de actividad. Los sectores beneficiarios son vacuno de carne, ovino y caprino de carne, avicultura de carne (pollos), conejos, productores de cítricos, productores de remolacha azucarera, patata, champiñón y setas, y avicultura para huevos de consumo.

Por otro lado, el Gobierno que presiden Concha Andreu ha aceptado la cesión gratuita de una parcela municipal en Haro para construir un centro de día y un centro de participación activa, de carácter «público y polivalente» con el que se pretende apoyar la autonomía personal de las personas mayores (el 19% de la población jarrera) y prevenir situaciones de dependencia. El centro de día sustituye al actual, limitado a veinte plazas. El nuevo contará con treinta.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley 2017 de perros de asistencia, y regula los centros de adiestramiento y el funcionamiento del registro. La norma amplió la consideración de perros de asistencia a los adiestrados para atender a personas con discapacidad, diabetes o epilepsia.

En este registro se inscribirán los datos de las personas usuarias y de los perros de asistencia a los que reconozca esta condición. Pero, además, y como novedad, este decreto «va más allá», ha dicho Dorado, y también «permite la inscripción a los perros en formación para la atención de personas con discapacidad o epilepsia, diabetes u otra enfermedad reconocida al efecto». Los perros guía existentes e inscritos en el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) pasarán de forma automática al nuevo registro sin necesidad de que sus propietarios tengan que realizar trámite administrativo alguno.

Tal y como recoge la Ley, las personas usuarias del perro de asistencia podrán acceder, «independientemente de su titularidad pública o privada», a los siguientes espacios: instalaciones e espectáculos públicos y actividades recreativas; paso de peatones, peatonales o de disfrute peatonal exclusivo o prioritario; lugares de esparcimiento al aire libre y centros de recreo, ocio y tiempo libre.