Alberto Galiana | Consejero de Educación

«Decir que la zona única va a favorecer a la concertada es una argucia demagógica»

– Entrando directamente en harina. Esta semana ha anunciado el regreso de la zona única y la rebaja de la ratio en Secundaria y Bachillerato, pero los cambios de calado, dijo, llegarán el curso 2025-2026. ¿Cuáles son?

– Todavía es pronto para determinarlos. Quiero formar una comisión de expertos interna en la Consejería para que lo trabajen en profundidad. Creo que lo importante es garantizar la seguridad jurídica porque no podríamos permitirnos tener un proceso de escolarización este curso en el que se introdujera la más mínima duda sobre cuáles son los procedimientos y las cuestiones legales a cumplir. Por encima de todo creo que también está la claridad y el respeto a la norma y en eso nos vamos a empeñar sin perjuicio de que hemos introducido ciertas mejoras que no necesitan de un cambio normativo, pero que sí pueden realizarse como, por ejemplo, la nueva zonificación y algunos otros aspectos interpretativos.

– Nada más anunciar el regreso de la zona única, el PSOE le acusó de favorecer los guetos. ¿Entiende las críticas?

– Creo que son infundadas. La verdad es que a día de hoy no existen centros gueto, otra cosa es que sí existen centros de mayor dificultad de gestión, pero no creo que quepa hablar en La Rioja de centros gueto. Sí que es verdad que nos tenemos que implicar de una manera absolutamente intensa y profunda en trabajar en la equidad y en la distribución desde el punto de vista de los recursos para atender las capacitaciones y cualidades de cada comunidad educativa en concreto. Estoy convencido de que la potenciación de la libertad de elección, que es lo que persigue la eliminación de una zonificación que había generado muchas controversias y muchas quejas, e incluso me atrevería a aventurar que intentos de fraude desde el punto de vista de los censos o de los empadronamientos, creo que eso se va a evitar; esas inquietudes se eliminan y desde luego, insisto, la libertad de elección, si va acompañada de buenas medidas desde el punto de vista de la distribución de los recursos económicos y humanos, no debería implicar per se cualquier retroceso en la equidad. Creo que es un error plantearlo en esos términos.

– ¿Se han cuantificado los intentos de fraude?

– No, simplemente son cuestiones que de alguna manera se plantean en el boca a boca pero no hay cuestiones que ahora mismo estén sobre la mesa desde el punto de vista administrativo.

– Ha dicho que no hay centros guetos y sí dificultades de gestión ¿a qué se refiere?

– Ha habido un montón de recursos administrativos en la escolarización y eso ha provocado un cierto retraso en la contestación de muchos de esos recursos. Al final, ha generado mucha inquietud en las familias. De hecho, cuando yo me incorporé había tal volumen de recursos que muchos se han tenido que resolver bastantes meses después y eso creo que es un indicativo de que algo se estaba haciendo mal.

– Y, según usted, eso no va a ocurrir con la zona única.

– No es la zona única, sino la modificación de la normativa a lo que me refiero. La mejora de la normativa contribuirá a la reducción de recursos porque en la medida en la que tú satisfaces más las necesidades y las aspiraciones de las familias necesariamente tiene que bajar el nivel de conflictividad.

– Otra de las críticas, a las que se sumaron varios sindicatos, tenía que ver con que el distrito único favorecería la concertada.

– ¿Por qué?

– Eso tendría que preguntarlo al PSOE y a los sindicatos.

– Es que no es así, es una argucia demagógica y, además, me permitiría decir que implica una falta de confianza en los centros públicos. Los centros públicos tienen una gran calidad, cada uno tiene un proyecto educativo, cada uno es diferente y hay que potenciar, dentro de la autonomía de cada centro, las diferencias positivas que aporta cada uno de ellos. Pensar que todos los centros públicos son iguales es un error, lo mismo que podría ser pensar que todos los centros concertados son iguales. Las garantías educativas y de calidad son esencialmente las mismas, pero cada uno incide en proyectos educativos distintos, por ejemplo, algunos potencian el bilingüismo, otros hacen propuestas relacionadas con la inclusión, como pueden ser métodos como el Amara Berri, y otros que dedican proyectos al teatro o a la oratoria. Cada uno tiene su cualidad y eso es bueno potenciarlo. Pensar que todos los centros son iguales y que en un entorno de libre elección y de libre competencia razonable entre los centros se produce un deterioro de la enseñanza pública es lanzar un mensaje equivocado de que la enseñanza pública necesita una protección, cuando en realidad la protección debe hacerse desde el punto de vista de los recursos, no desde el punto de vista de la zonificación.

– En el curso 2025-2026 finalizan los conciertos educativos.

– Sí, finaliza el periodo de seis años de vigencia y se producirá la renovación con normalidad.

– ¿Habrá cambios?

– Eso al final es un procedimiento abierto y son los centros los que lo tienen que solicitar. No es una cuestión sobre la que sólo decida la Administración, sino que se implican dos partes. Habrá que esperar a que ese procedimiento se sustancie y entonces tomaremos las decisiones oportunas.

– ¿Qué pasará con Alcaste? El anterior Gobierno abogaba por eliminar el concierto si no dejaban de separar a los alumnos por sexo. Era uno de los puntos recogidos en el acuerdo de gobierno firmado en La Rioja entre el PSOE, IU y Podemos.

– Este es un magnífico ejemplo de demagogia desde el punto de vista de la ejecución de una política pública educativa. Se les llenaba la boca con que era una cuestión de tiempo poder eliminar el concierto y aquí sigue el concierto de Alcaste porque verdaderamente es legal. Otra cosa distinta es que haya que valorar cuál es la aplicabilidad de la Lomloe y en qué medida eso incide. Habrá que analizarlo jurídicamente porque hay varias posturas controvertidas entre las diferentes comunidades y situaciones. Es verdad que la ley es muy taxativa, pero también hay mucha jurisprudencia y el Tribunal Constitucional anda con varios proyectos en marcha. Cuando se produzca el momento se analizará jurídicamente si procede o no la financiación y quién sabe si habrá cambios normativos de aquí a año y medio.

– ¿Mantendrá el próximo curso las mismas unidades educativas o se reducirán aulas?

– No hay una voluntad de reducir. Ahora mismo hay un entorno de bastante estabilidad en las dos redes. Sí que es verdad que la demografía tiene su incidencia y habrá que valorarlo, pero también es verdad que todo está supeditado al proceso de escolarización y a las solicitudes que hagan los padres. En la medida en que no haya demasiadas variaciones, lo normal es que no haya cambios en las unidades.

– El colegio de San Román, por ejemplo, inició este curso con tan solo dos alumnos. ¿Tiene previsto mantener aulas tan reducidas?

– Sí. Los centros rurales tienen la máxima importancia para nosotros. De hecho, recientemente tuvimos una reunión con los directores de los CRA y hemos decidido formar un grupo de trabajo para poner en marcha una modificación de la normativa que regula diversos aspectos relacionados con el personal, con las itinerancias de los profesores, con los medios y la organización de los centros, de manera que pueda ser una norma que cubra todo y satisfaga en la medida de nuestras posibilidades las demandas del sector en el ámbito rural. Vamos a seguir apoyando centros con muy pocos alumnos porque entendemos que eso es una manera de asentar la población.

– El próximo curso, tal como anunció, se mantiene la baremación que implantó el anterior titular de Educación y, por ejemplo, se dan puntos por proximidad al domicilio, pero a la vez ustedes crean la zona única con Logroño, Lardero y Villamediana, ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo convivirán ambas medidas?

– La convivencia será armónica, no va a haber problema de incompatibilidad, cualquier cambio que estamos introduciendo va a ser con rigor jurídico y evitando cualquier tipo de incidencia en la gestión. Evidentemente, al mantener todavía la normativa, tanto el decreto como la orden de la anterior legislatura vigente, no podremos mejorarlo todo lo que queremos, pero sí es verdad que nos empeñaremos en que ese tipo de cuestiones incidan en la menor medida posible y trataremos de que aquellos recursos en materia de escolarización que se produzcan, si es que se producen, que confiamos que sean los menos, se atiendan rápido.

– ¿Qué harán con la oficina permanente de escolarización?

– Todavía no está decidido.

– El presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se aventuró a anunciar que las comunidades del PP trabajan en una EBAU única.

– Lo que vamos a hacer es estudiar junto con otras comunidades autónomas a través de un grupo de trabajo de cara al curso 25-26, no antes, en qué medida podemos avanzar hacia una armonización a nivel nacional. Por desgracia se produce una gran heterogeneidad. Es importante recalcar que no es lo mismo los contenidos de Bachillerato que lo que se examina en la EBAU, porque la EBAU no es una reválida de Bachillerato, es una prueba de acceso a la universidad. Existen unos criterios comunes en todo el país en las diferentes áreas curriculares, superior al 50% dependiendo del tipo de comunidad autónoma. De ahí que no hay necesidad de hacer énfasis en los contenidos que son diferentes en cada comunidad autónoma, con lo cual, entiendo que el grupo de trabajo puede avanzar por ahí, en el hecho de los contenidos comunes.

– Hasta elaborar una nueva orden de convivencia, introdujo ciertas modificaciones en la vigente para, por ejemplo, facilitar las expulsiones de los chavales de clase, ¿cómo van esos trabajos?

– Se modificaron dos artículos en la orden de convivencia que estaba vigente y que tenían una mayor urgencia. Queremos tomarnos las cosas con tiempo y prudencia para sacar una normativa que la sustituya porque no queremos entrar como un elefante en una cacharrería. Ahora mismo hay un grupo de trabajo para tratar los cambios y pretendemos que para el próximo curso esté en vigor un nuevo decreto que recoja una parte que entendemos salvable de lo vigente y aporte también unos cambios de mayor profundidad en la línea de seguir fortaleciendo la autoridad del profesor, seguir educando en la responsabilidad sin perder de vista nunca el enfoque educativo y restaurativo de las medidas, porque no hay que olvidar que se trata de menores de edad, pero a veces determinados comportamientos deben tener una respuesta desde el punto de vista educativo y proporcional para que haya un aprendizaje de que un acto nocivo para la convivencia tiene sus consecuencias y que el niño o el joven aprendan que no debe volver a hacerlo.