El PP cifra el «sobrecoste» del gobierno de Andreu en 21 millones de euros

El diputado popular censuró que, con esta arquitectura gubernamental, el número de altos cargos, con sus correspondientes sueldos, haya pasado de 90 a 155. «Si comparamos el gobierno del Partido Popular de 2018, último año completo de Ceniceros, con los presupuestos del año 2023, el Gobierno de Andreu les va a costar a los riojanos 5,3 millones de euros más», enfatizó. Según las cuentas del Partido Popular, en una legislatura completa el sobrecoste alcanzará los 21 millones de euros.

A propósito de la Fundación para la Transformación de La Rioja, Cuevas criticó su «alucinante política de contrataciones»: «Tiene once empleados, de los que seis se dedican a cuestiones relacionadas con el teatro y dos son periodistas. Si sumamos la directora general y el responsable jurídico... ¿Quién coño trabaja ahí? ¿Quién transforma La Rioja, al margen de ese programa de Voces de le Lengua», remarco. También cuestionó las contrataciones previstas para la recién creada Agencia Riojana de Transición Ecológica y Cambio Climático (ARTEC): «Está por ver su sobrecoste, pero la propia memoria de la ley nos decía que iban a pasar de los once funcionarios actuales a 23, eso de entrada, pero huyendo de los requisitos del Derecho Administrativo». Cuevas recordó en este punto los dos cargos socialistas colocados a dedo en la sociedad de promoción turística La Rioja 360, cuyos contratos Ändreu rescindió «cuando le pillaron con el carrito del helado».

Aunque Cuevas no explicitó cuáles de estos organismos serán eliminados si el PP forma gobierno, sí anunció que habrá fusiones y avanzó que «se desmontará todo lo desmontable»: «Habrá que analizar los casos, pero, por ejemplo, la ARTEC hay que eliminarla. Eso no significa que no se vaya a atender todo lo relacionado con la transición energética, sino que se hará desde la propia administración. Ellos han justificado su creación diciendo que había que ser eficaces en la gestión de fondos europeos, lo que, si le damos la vuelta al argumento, supone reconocer que la administración pública es ineficiente».