Cuevas: «La PAH no sabe de lo que habla»

En rueda de prensa que recoge Europa Press, ha relatado que "no hay ninguna familia que haya acudido al IRVI, o a la Dirección General de Vivienda, en demanda de una solución a un problema y que no haya sido atendida; y, por supuesto, no hay ninguna familia riojana que se haya quedado en la calle, ni una sola noche".

Ha relatado cómo, ante un desahucio, "si ha habido que buscar una solución para unos días se ha buscado" y, luego, se ha encontrado otra "permanente". Ha añadido que existe una disponibilidad de "poder atender cualquier caso que se presente".

"Eso sí", ha añadido, "para que todo el mundo lo tenga claro, aquí ni por ciencia infusa, ni por los medios de comunicación, se nos tiene que decir por parte de los Servicios Sociales".

En este sentido, el director general de Urbanismo, Carlos Alonso, ha establecido un paralelismo con la Sanidad y ha dicho que el Informe de Vulnerabilidad de los Servicios Sociales es el "volante", como el del médico de cabecera, "con el que acudir al especialista" (en este caso el IRVI).

Cuevas ha añadido que existe un Código de Buenas Prácticas, por parte del Gobierno central, en el que el IRVI "va más allá". Así, "si se establece que hay que dar una solución en los casos de un niño menor de tres años, se está atendiendo por encima, si hay un niño de cuatro, cinco..."

Preguntado, en este punto, acerca de la familia cuya vivienda ha sido subastada por deudas a la comunidad (algo que está pendiente de finalización por los juzgados, según el portal de subastas del BOE) ha señalado que "son unos propietarios que tienen una deuda con la comunidad de propietarios, y hay que ponerse, también, en la piel del resto de propietarios (...) que, han dicho, vamos a cobrar de alguna forma".

"Para ese caso, y para cualquier otro, si esa familia acude a los Servicios Sociales y alertan al IRVI de que hay que darle una solución de vivienda se procederá inmediatamente; pero aquí no sirve quitarse el tema de encima o atender por atender, habrá que analizar el caso", ha explicado. Preguntado si el caso ha llegado ya al IRVI ha dicho que, "a las 11:31 minutos del 31 de enero no ha llegado".

PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTEGRAL

Cuevas ha ofrecido los datos del Programa de Mediación Integral con las entidades financieras para evitar ejecuciones hipotecarias. En 2017 fueron 55, cifra que supone un 20,3 por ciento menos con respecto al ejercicio precedente y un notable descenso con relación al primer año de actividad de este servicio en 2013 (373).

Desde entonces se han resuelto "de manera definitiva y satisfactoria" 729 casos, un 98 por ciento del total, mientras que dieciséis están en vías de solución. En tres de cada cuatro casos (534) las familias mantienen su vivienda en propiedad -la reestructuración hipotecaria es la solución mayoritaria- y al resto (195) se la facilita un alquiler social.

Para ello se dispone de un parque de viviendas propiedad de la Comunidad Autónoma, otras son gestionadas por el IRVI mediante la Bolsa de Alquiler o el convenio con Bankia, otras son cedidas directamente por particulares y también se apoya a los ayuntamientos a rehabilitar viviendas municipales con destino al alquiler social.

En segundo lugar, desde 2013 se han atendido 39 casos de familias vulnerables por impago de la renta de alquiler. Todas ellas se encuentran alojadas en régimen de alquiler social. En 2017 se atendieron 16 casos.

En tercer lugar, dentro de la Red de Protección Social también se ha proporcionado ayuda a 19 familias en riesgo de exclusión social. Este programa es fruto de la colaboración con los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos, además de entidades como la Cocina Económica, Cáritas, el Banco de Alimentos* En 2017 se atendieron tres casos.

Asimismo, se han concedido diecinueve ayudas de arrendamientos especiales, con un presupuesto total de 118.403 euros, para aquellas familias que han perdido su hogar y carecen de recursos económicos para hacer frente al pago del alquiler.

Estas ayudas pretenden reducir el pago de la renta al 25 por ciento de los ingresos o al veinte por ciento en casos especiales y suponen una media de 173 euros al mes durante tres años. En 2017 se reconocieron dos ayudas de estas características.