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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado este martes en la Consejería de Educación 600 firmas de docentes riojanos que se oponen a la eliminación de la jornada reducida durante los meses de junio y septiembre. Una decisión, dicen, que la Consejería ... de Educación adoptó el pasado mes de agosto «sin mediar la necesaria negociación real con las organizaciones sindicales que los representan».
Francisco Gallardo, responsable de Educación de este sindicato, ha recordado, durante la entrega de las firmas, que la jornada escolar reducida en los meses de verano se aplicaba en La Rioja y en otras comunidades desde hace décadas. De hecho, en Aragón comienza el 1 de junio, mientras que en esta región se aplicaba a partir del 11 de junio. Pese a que «ha funcionado muy bien», ha dicho, se ha suprimido «de forma unilateral por parte de la Administración».
Ha subrayado que la decisión se tomó en agosto «cuando los docentes estaban de vacaciones, y sin que mediara la necesaria negociación con las organizaciones sindicales de la mesa sectorial pertinente».
En su momento, ha señalado Gallardo, CSIF ya se mostró contrario a esta decisión que «afecta sustancialmente» a las condiciones laborales de unos 1.500 docentes de esta comunidad que componen las plantillas de Infantil y Primaria y a los que la Administración «no ha tenido en cuenta para nada», ha reiterado.
Ante esta decisión, que califican de «atropello», de acuerdo con sus cálculos, CSIF ha recogido durante este tiempo las firmas de más del 40% de la plantilla del profesorado de los primeros ciclos de la educación pública de La Rioja. Con las rúbricas, «se suman a la protesta de este sindicato y solicitan que se recupere el horario anterior».
Que en junio y septiembre la jornada se redujera una hora fue una medida que se adoptó hace décadas «bajo unos principios pedagógicos y prácticos, basados en la experiencia, ya que durante las últimas horas lectivas en los meses de verano, con altas temperaturas, el rendimiento escolar de los niños pequeños es prácticamente nulo», ha asegurado.
En cualquier caso, la Administración «ha obrado de forma unilateral e injusta, desoyendo a una gran parte de la comunidad educativa», a la que le pilló «por sorpresa este recorte de un derecho adquirido a lo largo del tiempo y que tiene su razón de ser atendiendo a criterios pedagógicos».
Por todo ello, CSIF, con el apoyo de los docentes afectados, muestra su rechazo a esta medida que, en nuestra opinión, viola el derecho constitucional a la negociación colectiva.
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