Crece la demanda de plazas concertadas en residencia, otra vez en niveles prepandemia

El problema se arrastra desde hace muchos años y lo peor es que los augurios del futuro inmediato no son nada alentadores porque el envejecimiento poblacional avanza al galope: los 71.670 mayores de 65 años que contabiliza el INE en La Rioja, el 22,42% de su censo total, serán 89.128 en 2034 (el 26,51%) y 94.204 (27,80%) en 2037, ultimo año sobre el que el organismo ha concluido sus proyecciones demográficas, en las que, además, se constata que la esperanza de vida, ahora en 83,20 años, rozará los 89 al final de esta década.

La adaptación del sistema parece urgente. Las listas de espera se agravan, pese a la ausencia de datos oficiales más allá de las solicitudes (un usuario puede presentar varias a la vez) de una plaza pública o concertada en residencia, un registro que se ha mantenido al alza y que ya ha vuelto a los niveles prepandémicos.

En concreto, según los datos facilitados por la Dirección de Dependencia, Discapacidad y Mayores a Diario LA RIOJA, en la actualidad esa cifra está en 1.191, veintitrés por encima de un año atrás y camino del techo fijado en 2019, eran 1.224, a partir del cual llegó el desplome debido a la monumental crisis del covid: 727 en 2020 y 945 al año siguiente. La otra variable, la de tiempo de espera estimado para acceder a una plaza pública o concertada tampoco cede. Excepto en la residencia que gestiona el Gobierno de La Rioja en Lardero, donde la entrada es inmediata para las personas en riesgo de exclusión social, los periodos que puede tener que aguardar un dependiente son un reto a la paciencia en todas las zonas: en Logroño la horquilla oscila entre 1 y 53 meses; en La Rioja centro, entre 2 y 14 meses; en La Rioja Alta, entre 10 y 20; y en La Rioja Baja, el periodo puede rondar entre los 8 y los 16 meses, según las estimaciones de la dirección general dependiente de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

Se han tomado medidas y se han impulsado inversiones, pero nada parece suficiente. La demanda aplasta a una oferta sin la exigente masa muscular necesaria para dar respuesta a un reto que se agiganta cada año.

La Rioja cuenta en la actualidad con 3.917 plazas residenciales para mayores, lo que supone 709 más que en el año 2015, un periodo en el que los distintos ejecutivos regionales han echado mano de la concertación de plazas del ámbito privado –tanto de centros gestionados por fundaciones y entidades sin ánimo de lucro como del ámbito empresarial–, que han escalado hasta las 2.001, el 52% de la oferta total, lo que significa 450 más que una década atrás.

«La cobertura de atención en La Rioja en residencia es del 5,48% sobre la población de 65 y más años y en los centros de día, del 1,09%, unos ratios muy buenos con relación a los del conjunto del Estado y superiores a la recomendación de la OMS», destaca Ana Zuazo, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, que recuerda, además, la fórmula de la denominada prestación económica vinculada al servicio, unos 745 euros al mes que la Administración entrega a una persona dependiente para que pueda ocupar una plaza privada mientras accede a la pública o concertada a la que tiene derecho. El resto del abono –la media por plaza en un centro privado ronda los 2.400-2.500 euros frente a los 816 para el grado 2 y los 1.090 para el grado 3 de una concertada– corre a cargo del usuario.

«Hay previsión a lo largo de la legislatura de incrementar plazas», asevera rotunda la directora general, bien a través de la compra de más plazas privadas (ahora la Administración abona al centro una media de 68,70 euros por usuario y día) o con nuevos recursos adaptados a las nuevas circunstancias y exigencias.

Pero hay que esperar. «Estamos haciendo un estudio técnico, del que, una vez concluido, extraeremos las estrategias de intervención según la proyección de población y de las necesidades», avanza Ana Zuazo, quien aboga por un nuevo modelo que permita a los mayores mantenerse el mayor tiempo posible en su entorno –«hay que intensificar aún más el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia»– y por futuros nuevos recursos basados en unidades convivenciales para una quincena de usuarios, frente a las tradicionales megaresidencias, para reforzar una calidad asistencial individualizada y cercana.