La vacunación obligatoria también se asoma a los puestos de trabajo

En un país en el que las empresas no tienen derecho a conocer las razones por las sus empleados están de baja médica -si lo conocen es de forma extraoficial, pero los servicios médicos no lo incluyen en ninguno de los partes de baja que remiten a las compañías-, exigir el pasaporte covid suena lejano. El Banco Santander ha hecho de liebre y se ha acercado a ello. La entidad ha dispuesto una aplicación informática en la que todos sus empleados están obligados a hacer una «declaración responsable» diaria, en la que se indica si se tiene o no fiebre; si se ha sido contacto estrecho de algún infectado por covid y, lo más importante, si el trabajador está vacunado contra el virus, detalle que hay que acreditar con el correspondiente documento oficial. En el caso de que la respuesta sea un «no», el banco ha dado a entender en un email a sus empleados que la única forma de acceder a su puesto es mediante un análisis semanal de antígenos. Análisis que paga el banco y que se realizan en laboratorios concertados por la entidad en toda España.

Un portavoz oficial del Banco Santander recuerda que las medidas se han adoptado tras un acuerdo con los sindicatos que cuentan con representación en la entidad, con excepción de CNT, «a propuesta de los servicios de prevención y con el objetivo de seguir protegiendo la salud de empleados, clientes y del resto de personas que acuden a nuestras oficinas». Algunos empleados se han rebelado y han planteado demandas judiciales porque consideran que ese protocolo atenta contra su derecho a la intimidad. El banco asegura que sólo tiene conocimiento de una demanda de este tipo, mientras que fuentes sindicales las elevan a ocho. Hay una pregunta sin respuesta por parte de la entidad cántabra: ¿Qué sucede si un empleado se niega a vacunarse y también a hacerse la prueba semanal? Silencio al otro lado del teléfono.

Otras empresas como Acciona o CaixaBank se han acercado bastante a ese modelo, pero sin dar a entender que es algo obligatorio o imprescindible. El procedimiento es el mismo. Una aplicación en la que periódicamente hay que dar cuenta de la existencia o no de síntomas y contactos estrechos, además de acreditar la vacunación. Incluso, con todo lujo de detalles sobre el número de dosis y marca de la vacuna recibida. En el caso de CaixaBank, además, se ha dispuesto que en todos los centros corporativos se haga una prueba semanal de saliva a la totalidad de los trabajadores.

El Instituto de Empresa, una de las escuelas de negocio que aparece en todos los rankings del sector como una de las cinco mejores de Europa, ha decidido declarar su campus como «un lugar seguro». Acceder a él, ya seas profesor, alumno o simple visitante, lleva aparejado superar el 'efecto frontera'. Es como entrar en un restaurante del País Vasco con más de 50 comensales de aforo, aunque con alternativa. O presentas el pasaporte covid o aceptas hacerte una prueba de antígenos -elegida por la rapidez en ofrecer el resultado frente a la PCR- allí mismo. No hay salida. Pasaporte, prueba o no pasas.

La organización empresarial española, CEOE, no se anda con medias tintas y va al grano. En opinión de su presidente, la vacunación debería «ser obligatoria para los empleados de las empresas, porque se ha demostrado que es la clave de la recuperación económica. Y esa es la recuperación de todos», ha señalado Antonio Garamendi. «Los negacionistas, en las empresas, están poniendo en peligro a quienes han hecho los deberes y se han vacunado. Este debate debe estar sobre la mesa», opina el líder de los empresarios españoles

Por su parte, la patronal catalana de pymes -PIMEC- no ha dudado en pedir que el pasaporte covid sea obligatorio en las empresas e incluso que se pueda suspender de empleo y sueldo a los trabajadores que no acrediten el certificado de vacunación. Una medida drástica que, sin embargo, también ha sobrevolado sobre las decisiones de varios gobiernos de estados de la Unión Europea. Sería un paso drástico en la escalada de presión para forzar las vacunaciones. «Si el empresario asume responsabilidades civiles y penales sobre posibles contagios en su trabajo, el pasaporte es una medida de sentido común», ha explicado Josep Ginesta, secretario general de la confederación patronal catalana.

«No hay cobertura legal para exigir la vacunación obligatoria», advierte el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV, Alberto López Basaguren. Pese a ello está convencido de que «vamos cada vez hacia mayores exigencias en este tema», porque el control de la pandemia se ha revelado ineficaz hasta el momento. En todo caso estima que «sería necesario una ley orgánica para poder dar pasos en esa línea, aunque con importantes limitaciones». Así, estima que esa ley de nuevo cuño puede regular en qué condiciones se podría exigir la vacunación, pero sólo cuando esté justificado con datos reales y limitado a sectores de actividad o empresas con un alto riesgo de contagio o donde no se puedan guardar las ya tradicionales medidas de protección: distancia, mascarilla, gel, etc. «Con esa ley que establezca las condiciones y los límites, se puede pensar por ejemplo en una exigencia de vacunación en el sector sanitario o en las personas que trabajan con mayores», matiza.

Hay quien cree, sin embargo, que con la normativa que ya existe se puede llegar más lejos en la exigencia a los empleados. Así al menos lo considera José Ramón Mínguez, experto en Derecho Laboral, socio y responsable de ese área en la firma Barrilero, al señalar un matiz importante referido a los lugares donde ya se exige a los clientes la presentación del pasaporte covid. Esto es, restaurantes con un aforo superior a 50 comensales y ocio nocturno, en el caso del País Vasco. «No tiene ningún sentido -opina Mínguez- que los empleados no lo puedan acreditar. En estos casos, es mi opinión, el empresario podrá exigir a sus empleados, incluso bajo riesgo de sanción, que acrediten la vacunación».

Para aquellos centros de trabajo que no han entrado en el universo de locales o situaciones sometidas a control del pasaporte, este abogado cree que el marco legal es más complejo. De ahí que su recomendación es que «se establezca un pacto con los representantes de los trabajadores para establecer unas reglas de juego. Es una oportunidad para que la negociación colectiva aborde cuestiones distintas a las habituales».

Esta es, aparentemente, la vía que ha utilizado el Banco Santander para poner en marcha sus exigencias de acreditación del pasaporte covid. Una recomendación similar es la que hace IMQ Prevención a las empresas a las que asesora en salud laboral, a las que advierte de que en ningún caso se puede establecer «de forma obligatoria». Mínguez también recomienda a las empresas «balancear la cuestión con otras medidas que sean factibles, como es el caso del teletrabajo».

Italia ha sido el primer país en extender la exigencia del pasaporte Covid al ámbito laboral, tanto público como privado. Desde mediados de octubre todos los trabajadores deben contar al menos con una dosis de vacunación o, como alternativa, pueden hacerse una prueba cada 72 horas. Las empresas están obligadas a impedir el acceso al puesto de trabajo a quienes no cumplan alguna de estas condiciones. El despido está prohibido pero se acepta la suspensión de empleo y sueldo.

Desde el pasado 1 de septiembre los sanitarios están obligados a demostrar que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Para otros sectores de actividad como la hostelería o la educación existe una alternativa: realizarse dos pruebas semanales. En ambos casos tanto los trabajadores como las empresas pueden ser sancionados si se incumple esta normativa. Para los trabajadores que no accedan se impone también la suspensión de empleo y sueldo.

Desde el verano se ha impuesto la obligación de vacunación de todo el personal dedicado a servicios sanitarios, tanto en el ámbito público como en el privado. También se ha extendido al personal que atiende a ancianos y servicios de bomberos.

El Ejecutivo de Ángela Merkel ya había impuesto una «declaración obligatoria» de vacunación en determinados sectores de actividad, como sanidad, residencias y guarderías, al tiempo que había animado a recuperar el teletrabajo en todas aquellas empresas en las que es posible. El nuevo gabinete formado tras las elecciones va a estudiar imponer la vacunación obligatoria a toda la población.

El gabinete de Boris Johnson ha recomendado a las empresas que maximicen las opciones del teletrabajo, al mismo tiempo que ha elevado las exigencias de protección a los ciudadanos, por ejemplo con la vuelta a la obligatoriedad de las mascarillas en lugares cerrados.

Desde el pasado mes de enero las empresas norteamericanas con más de 100 empleados pueden exigir la vacunación obligatoria o un test semanal a sus empleados. Algunas compañías, como es el caso de Google, han decidido que esta norma debe cumplirse a escala mundial aunque con una matización: en cada caso se atenderá a la legislación propia de cada país.

Algunas regiones austríacas ya habían anticipado la vacunación obligatoria en actividades como la sanidad y educación. Sin embargo el Gobierno del país ha decidido ir a una opción más ambiciosa ante el elevado número de infecciones e imponer la vacunación obligatoria a partir del próximo mes de febrero para el conjunto de la población y no sólo en el ámbito laboral.