El TSJR confirma un desfase entre las muertes registradas y las atribuidas al COVID en La Rioja

El desfase entre el número de víctimas mortales que los balances oficiales atribuían al COVID-19 y la realidad que vivían los registros civiles del país lo puso de manifiesto la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al reconocer que las licencias de enterramiento por coronavirus casi triplicaban el dato oficial de óbitos aportado por las autoridades sanitarias. Con ese precedente, el Ministerio de Justicia, el 7 de abril, reclamó a todos los registros civiles que, al finalizar cada jornada laboral, remitieran «una relación en la que conste el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual».

En el primer recuento en La Rioja (entre los días 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, y el 7 de abril) los 174 registros civiles de la región informaron de la formalización de 430 licencias de enterramiento. Esa realidad supera con creces a la de los datos oficiales vinculados al COVID-19, que atribuyen al coronavirus 157 muertes durante los 25 primeros días del estado de alarma.

Esa es parte de la respuesta, a la que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, remitida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, al coordinador general del Partido Popular regional, Diego Bengoa. Según recuerda Marca en su acuerdo, el responsable popular le trasladó la preocupación de la formación «por las nefastas consecuencias de la pandemia en La Rioja y las dudas que le generan los datos oficiales que el Gobierno de La Rioja está suministrando en su página web respecto al número de fallecidos por dicha enfermedad». De igual manera, Bengoa le solicitaba que iniciara «las actuaciones que estime pertinentes en el ámbito del Registro Civil y cualesquiera otro, para conocer la realidad de todos los fallecimientos y ofrecer una imagen exacta de las incidencias de la pandemia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma».

Marca, en su respuesta al PP de La Rioja, además de la cifra de 430 licencias de enterramiento concedidas en esos 25 días, también apunta que no todos esos óbitos pueden ser atribuibles al COVID-19, si bien reconoce que «pueden existir casos dudosos». Así, recuerda que en el Registro Civil, cuando se inscribe un fallecimiento, se hace constar como causa de muerte la que figura en el certificado médico. A partir de esa puntualización, sostiene que en ese volumen total de óbitos «pueden existir algunos casos dudosos en los que, bien porque no se hayan efectuado pruebas específicas para detectar el COVID-19, bien porque no sea legalmente procedente la práctica de la autopsia, se hayan hecho constar otras causas de la muerte que hayan resultado objetivadas médicamente, como neumonía, insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio». Por ello sugiere el cruce de estos datos con las estadísticas de años anteriores del INE para «determinar con una alta fiabilidad el incremento de licencias que cabe atribuir a la pandemia que sufrimos».

En cuanto a la solicitud de analizar la actuación de los registros civiles, Marca descarta iniciar investigación alguna y recuerda que «corresponde legalmente» al Ministerio de Justicia, quien «ha abierto una investigación general sobre este asunto en el ejercicio de una competencia propia y exclusiva», por lo que no procede iniciar acción alguna.