Los parlamentarios riojanos siguen cobrando dietas por traslado

El compromiso colectivo frente a la pandemia ha hecho fluir una caudalosa corriente de solidaridad también en La Rioja. La sociedad civil se ha volcado en un mismo fin en la medida de sus posibilidades, en el caso de no pocas empresas reorientando su producción y algunos particulares cediendo parte de sus sueldos para adquirir recursos prioritarios. La conciencia por compartir lo propio ante una crisis sanitaria, que da paso ya a una económica, se agranda ante los recortes que asoman en el mercado laboral. Y en esa coyuntura, igual que toma auge la labor de profesionales que trabajan en la primera línea, se cuestiona la respuesta de la clase política, demandada de un esfuerzo a la altura del de sus representados también en lo económico .

El foco apunta más directamente hacia los parlamentarios nacionales. Pese a que la actividad presencial tanto en el Congreso como el Senado ha quedado limitada por las restricciones del estado de alarma, la nómina de sus señorías sigue incluyendo la indemnización por gastos de desplazamiento prevista para los provenientes de circunscripciones distintas a Madrid. La cuantía no es menor: 1.921,20 euros mensuales en el caso de los inquilinos de la Cámara Baja, que se eleva a 1.958,02 si su acta está en la Alta, y que se añaden a su sueldo base (2.981,86 y 3.050,66 euros, respectivamente) más los complementos según la tarea que desempeñan en la Cámara.

Los nueve representantes de La Rioja en Madrid alegan el mismo argumento que el resto de los elegidos fuera de la capital: se trata de una asignación constitucional a la que no pueden renunciar de forma unilateral. Las diferentes iniciativas para subsanarlo han topado con los informes de los letrados que anteponen la legalidad. Ante esa situación, cada partido ha optado por diferentes vías para derivar al menos una parte de sus nóminas sufragadas con dinero público a la lucha contra del COVID-19. Por el PSOE, el senador autonómico Raúl Díaz explica que tanto él como cada uno de sus compañeros riojanos en las Cortes participa con casi 2.000 euros al mes al fondo habilitado por el Gobierno regional para agrupar las donaciones de empresas y particulares. Una cantidad de la que se excluyen los gastos de alquiler si tienen un alojamiento arrendado en Madrid y que no impide otras contribuciones a título individual.

El PP ha optado por aglutinar las aportaciones de sus parlamentarios en la bolsa creada por el partido a nivel nacional destinada a dos fines: ayudar a personas mayores con más carencias y adquirir material sanitario a través de diferentes entidades. Cuca Gamarra apunta que se trata de una cantidad mensual «muy importante», sin especificar si corresponde a la dieta por desplazamiento, y que puede fluctuar en función de las circunstancias familiares. El PP también contempla descontar de esa cifra la cuota de alquiler si, como el caso de la exalcaldesa de Logroño, su protagonismo nacional es constante. En lo que ambas fuerzas coinciden es en que su labor –telemática o presencial– no ha menguado la intensidad en vista del volumen de propuestas.