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Ni un resquicio. Consciente de la letalidad del COVID-19 en las residencias de mayores, la Consejería de Servicios Sociales mantiene fijo el radar en estos centros para procurar un blindaje lo más sólido posible.
Tras el cribado extraordinario de PCR a residentes y ... trabajadores de las 32 residencias de septiembre, la curva –102 casos el día 16– comenzó a descender hasta dibujar, un mes después, un panorama más tranquilizador, 28 positivos el 19 de octubre. Pero el lienzo, como ocurrió en el conjunto de la región, se emborronó en las semanas siguientes en una escalada que alcanzó su pico el 15 de noviembre, 210 positivos.
«Evidentemente, el virus ha vuelto a entrar en esta segunda oleada por la vía de los trabajadores, que es el único personal que ha entrado en las residencias, blindadas y sin visitas desde el 24 de agosto», explica María Somalo, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, que justifica por la «pasividad» de algunas empresas la puesta en marcha desde Servicios Sociales de la campaña masiva de cribados a los trabajadores de estos centros, 2.000 de ellos empleados directamente y casi otro millar de empresas externas.
María Somalo | Directora de Dependencia, Discapacidad y Mayores
La estrategia parece dar resultados. «En las dos primeras semanas, el porcentaje de trabajadores positivos asintomáticos detectado fue muy alto, del 2,13%, entre 50 y 70 empleados de media, pero en la segunda quincena la tasa descendió al 1,46%», resume.
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«Ha habido preocupación y, aunque ahora la evolución es positiva, afrontamos con temor la llegada de enero», admite la directora general, que advierte de la necesidad de mantener ese férreo control. Para ello, el Ejecutivo regional adquirió recientemente, por 162.000 euros, 36.000 test de antígenos. «Hemos completado la quinta semana de cribados con test serológicos y hemos repartido ya 12.800 pruebas diagnósticas, a una media de 3.200 semanales», detalla, para anunciar que la campaña oficial se va a prolongar. «Afrontamos con preocupación ese comienzo del nuevo año porque nos tememos que tras la Navidad vamos a estar en una situación similar a la de la vuelta del verano y la probabilidad de que acudan trabajadores contagiados asintomáticos va a ser elevada», admite.
La pandemia ha segado la vida de 282 residentes en los centros de mayores riojanos, pero la devastadora incidencia en el colectivo más vulnerable es evidente también fuera, según se deduce del desplome en las listas de espera para una plaza pública o concertada, que ha caído de los 1.068 del año pasado (a 25 de octubre) a los 731 actuales. Por solicitudes (cada persona puede presentar a más de un centro), la cifra baja de 1.342 a 966: 781 en Logroño, (-170), 242 en Rioja Alta (-124), 270 en Rioja centro (-79) y 49 en Rioja Baja (-3).
«Las listas de espera están en una situación de más inconcreción si cabe que a primeros de marzo, porque hay personas que por el virus piden tiempo y que se le reserve la plaza sin penalización», señala María Somalo, que destaca que «tratamos de ser bastante flexibles».
Por ello, desde la Consejería se mantienen constantes conversaciones con el sector para recordar a las empresas que son las responsables de controlar, a través de sus servicios de prevención, el estado de salud de sus trabajadores. «Desde el Gobierno de La Rioja se ha asumido esa función de forma extraordinaria, pero no lo puede hacer de forma ordinaria», resalta la directora, que tampoco obvia la labor y el esfuerzo de los centros: «Evidentemente los casos que se han dado son una cuestión de mala suerte porque ni muchísimo menos ha habido algún brote por incumplimientos de protocolos. En la práctica diaria, pese a la protección, el contacto es continuo y estrecho entre los trabajadores y unos residentes especialmente vulnerables». Un colectivo para cuya protección trabajan de la mano Servicios Sociales y Salud. «La coordinación y colaboración es total y quiero resaltar el trabajo y disponibilidad de la subdirección de coordinación sociosanitaria y del equipo de Epidemiología», concluye Somalo.
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