El Gobierno recuperará la gestión de las cinco residencias públicas en manos privadas: Nájera, Albelda, El Sol, Los Jazmines y Arnedo

A preguntas de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, la consejera Santos reveló un dato que hasta ahora el Gobierno no había ofrecido. Entre los usuarios de residencias ha habido 199 fallecidos y 122 ingresados en los hospitales. Desde el Partido Popular, Caty Bastida denunció que los mayores solo habían sido trasladados a los centros hospitalarios avanzado el mes de abril y que hasta entonces fallecían en las propias residencias. «Los enfermos se curan en los hospitales; en la residencia se les cuida», remachó Bastida. Santos derivó esa responsabilidad hacia la Consejería de Salud: «Yo no doy la orden de a quién se ingresa en el hospital. Confió en el criterio médico y sanitario. Yo me preocupo de transmitir a Salud cuál es la situación, pero no de gestionar directamente una pandemia sanitaria».

La diputada de Ciudadanos Belinda León criticó la gestión de la Consejería de Santos por la «falta de personal y la falta de equipos de protección» con la que debieron lidiar contra el COVID-19. «Era su responsabilidad. El liderazgo en las residencias era suyo». Ana Santos replicó que el mando único no se constituyó cuando fue anunciado, el 7 de abril, sino el 14 de marzo. «Y es el mando sanitario», enfatizó. La consejera reconoció el problema que se generó con la falta de personal en las residencias: «Hubo gente de baja. Alguna por COVID y otros por miedo. Un miedo legítimo. ¿Sabe usted cuál es el salario bruto de una auxiliar en una residencia pública? 1.604 euros. ¿Y en una privada? 1.008. ¿Usted se jugaría la vida por 800 euros al mes?»

A la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 le seguirá otra crisis social «que afectará de forma diferente según la posición de partida», según Santos, que ha recordado el informe FOESSA de noviembre de 2019 que ya alertaba de la existencia de 47.000 riojanos «en una situación límite, riojanos y riojanas cuya suerte dependería de la aceleración o desaceleración económica, personas que se encuentran en grave riesgo porque para salvar vidas se ha tenido que parar el país».

Para aliviar la situación de estos colectivos, ha explicado que la Consejería ha diseñado una docena de proyectos que se financian con los 4,5 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Fondo Social Extraordinario. Así, parte de esta financiación se destinará a combatir la pobreza infantil con la habilitación de una ayuda extraordinaria para los beneficiarios de esta renta con hijos a cargo de 492.000 euros. 850.000 euros se reservan para ayudas económicas de emergencia social, destinados a las familias en situación de grave vulnerabilidad agravada por el COVID-19. «Ayudas que irán destinadas a cubrir necesidades tan básicas como la alimentación o el alquiler de la vivienda y que se financiarán al cien por cien a las entidades locales», ha añadido.

En relación a las entidades locales, la consejera ha anunciado que se van a suscribir nuevos convenios con ayuntamientos y mancomunidades para el personal por un importe de 2.145.371,95 euros, con financiación del gasto al 85%, lo que representa un 23,4% más que en 2019. Asimismo, también se van a firmar convenios para la realización de programas e inversiones en materia de servicios sociales de primer nivel por un importe de 9.047.566 euros, casi un 12% más que en 2019.

En lo relativo a la Dirección General de Justicia e Interior, la consejera ha aseverado que «desde el principio, se ha garantizado que la prestación del servicio de la Administración de Justicia pudiera realizarse en las mejores condiciones, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y la salud laboral de los empleados públicos». Así, desde la correspondiente Dirección General, se han dictado cinco resoluciones desde el 15 de marzo hasta el 12 de mayo donde se recogen los servicios esenciales, así como el personal necesario. De hecho, en estos momentos, un 31% del personal funcionario presta sus servicios de forma presencial, «para ello, hemos establecido un sistema pionero de cita previa tanto para los profesionales como para el público para el acceso a las sedes judiciales». En la segunda fase está prevista la incorporación del 66% del personal y del 100% en la tercera fase.

Respecto al SOS Rioja, Santos ha relatado que la situación de este centro de emergencias es estable. A lo largo del mes de marzo se recibieron 37.362 llamadas, un 27% más, que el mismo mes de 2019. «A lo largo del mes de abril, se han recibido 26.846 llamadas, unas 600, 700 al día, un número similar o incluso algo inferior a las recibidas antes de la crisis provocada por el COVID-19». Por último, Santos ha destacado la coordinación de Protección Civil. «que ha demostrado que el Gobierno de La Rioja cuenta con una estrategia de protección civil clara y una forma coordinada de trabajar».