La Comisión de Flujos Migratorios, un organismo que reúne a administraciones públicas, organizaciones agrarias y vitivinícolas y entidades municipales y sociales, se conjuró ayer para hacer de la próxima vendimia una campaña «segura» sin lugar a un retroceso en la situación sanitaria. Pero, por ... el momento, todavía no hay articulado un protocolo de actuación. Así que el encuentro fue una nueva oportunidad para que las partes fijasen posturas.
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El vicepresidente primero de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Luis Carlos Paul, afirmó que «lo que más nos preocupa son los trabajadores que puedan venir sin contratos» y alertó de «una inquietud añadida», y es que «no muchos ayuntamientos van a ser capaces» de ofrecer alojamientos que cumplan con todas las garantías sanitarias exigidas para evitar brotes de COVID-19. Esto es, medidas higiénicas, distancia de seguridad y seguimiento de cada usuario. «Se trata de una logística que exige un esfuerzo extraordinario de medios económicos y humanos que, salvo los ayuntamientos más grandes, el resto no va a poder afrontar», enfatizó. En este sentido, Paul reclamó «la máxima coordinación» entre las diferentes administraciones.
«Se trata de un esfuerzo logístico extraordinario que, salvo los grandes ayuntamientos, el resto no puede afrontar»
Por su parte, el gerente de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR), Julián García, urgió a «que se pongan ya medidas sobre la mesa como se están tomando en otras comunidades», mientras que desde Cáritas La Rioja explicó que todavía no han diseñado los dispositivos necesarios a la espera de que «tengamos unas instrucciones claras».
La delegada del Gobierno, María Marrodán, valoró durante la reunión «el clima de colaboración y coordinación entre todas las administraciones, agentes sociales y asociaciones a la hora de supervisar el flujo migratorio». Con el fin último de «realizar un movimiento ordenado de entrada y salida de trabajadores para que las campañas agrícolas de temporada, especialmente de cara a la vendimia, se desarrollen con la más absoluta normalidad y atendiendo a las dificultades añadidas que supone el coronavirus».
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La delegada también informó de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con la Inspección de Trabajo, ya han iniciado las acciones «para detectar contrataciones ilegales, ligadas a mafias y a la vulneración de derechos de los trabajadores». Los esfuerzos «se redoblarán» para «garantizar la vendimia en situación de legalidad, con especial atención a los riesgos sanitarios».
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