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«Entiendo que haya miedo, pero no se puede convertir en pánico», ha dicho en varias ocasiones el consejero de Educación, Pedro Uruñuela. El mensaje iba dirigido especialmente a las familias que no tienen claro si llevarán a sus hijos al colegio pero, sobre ... todo, a aquellas que ya han decidido que no lo harán. «La educación es un derecho fundamental del alumno y de la persona», recordó el jueves la ministra Isabel Celaá, que los padres o tutores deben asegurar.
No solo eso, entre los 6 y los 16 años es obligatoria (el segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, es voluntario si bien una ausencia injustificada podría acarrear la pérdida de la plaza en el centro) y la no asistencia puede derivar en un expediente por absentismo.
La Ley de Protección de Menores de La Rioja del 2006 define el absentismo como toda ausencia inmotivada y considera que los padres o tutores cometen una falta (leve, grave o muy grave, en función de las consecuencias que se puedan derivar o de su reiteración) si no aseguran la asistencia a las aulas. Las consecuencias, en función de la gravedad, oscilan desde una amonestación o multa de hasta 3.000 euros (faltas leves) hasta sanciones de entre 60.001 y 120.000 euros para los casos muy graves. En todo caso, Uruñuela apuntó el miércoles que Educación no piensa «en medidas represivas o sancionadoras sino educativas».
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