La Justicia se prepara para digerir el aluvión de asuntos tras el estado de alarma

La crisis del coronavirus impactará de lleno en la línea de flotación de las sedes de justicia de todo el país y las de La Rioja no son una excepción. El temor al colapso una vez que se deje sin efecto el estado de alarma ha empujado al Consejo General del Poder Judicial –máximo órgano de gobierno de los jueces– ha elaborar un plan de choque.

En el documento, de momento borrador, sobre el que cada comunidad moldeará su propio plan para sortear el temido colapso y agilizar al máximo la resolución de casos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica, se advierte de la magnitud del aluvión de asuntos que se espera.

El más afectado, avisa el CGPJ, será el orden jurisdiccional Civil, ya de por si sobrecargado de litigios, por las consecuencias económicas que propicie la situación de alerta sanitaria. Se espera que estos órganos reciban un aluvión de procesos concursales, de procesos en donde se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o de pretensiones propias del ámbito del derecho de familia. Para evitar la sobresaturación propone varios bloques de medidas, entre ellas, la de desincentivar litigaciones «sin fundamento».

Dentro de la jurisdicción Civil, alerta especialmente de las consecuencias en los juzgados de lo Mercantil, donde se producirá una cascada de solicitudes de procedimientos de insolvencia y en el Social, calcula que el impacto será de gran magnitud.

El texto será de aplicación el llamado día después, pero hasta que ese momento llegue en los juzgados de La Rioja se trabaja a medio gas atendiendo casos urgentes y haciendo frente, entre otros, a las vulneraciones del estado de alarma.

Desde el pasado 16 de marzo, las fuerzas de seguridad del Estado han notificado a los juzgados de Calahorra trece detenciones por saltarse el confinamiento, de los que dos pasaron a disposición judicial y quedaron después en libertad con cargos. En Logroño 28 detenidos pasaron a disposición judicial y uno de ellos ingresó el prisión, y en Haro no se ha registrado ninguna detención.

Mientras, desde que se decretó el estado de alarma, policías local, nacional y Guardia Civil han practicado 4.827 propuestas de sanción, 152 de ellas en las últimas 24 horas, y se ha detenido a 70 personas, tres de ellas ayer.

Durante este tiempo efectivos de la Policía Nacional han tenido que lidiar con situaciones hasta ahora inéditas, como impedir que una persona huyera del Hospital San Pedro después de que diera positivo en COVID-19 o notificar casa por casa en Logroño la obligación de cumplir el confinamiento. Pero además detuvieron a nueve personas por hacer una fiesta en un piso de la capital y han tenido que acudir a supermercados para garantizar los suministros básicos.

La Guardia Civil intervino en las primeras notificaciones a los afectados por coronavirus en Haro para que no salieran de sus casas, detuvo a un hombre de 60 años por un presunto delito de estafa. Había puesto a la venta en una web 21 falsos aparatos desinfectantes a 130 euros cada uno. A ello se suma la intensificación de los controles en las carreteras para evitar desplazamientos los fines de semana y la pasada Semana Santa.

Esto son solo una muestra de una labor ingente para las fuerzas y cuerpos de seguridad que se han convertido en uno de los colectivos objetivo del coronavirus. De hecho, el COVID-19 se cobró la vida del teniente coronel Jesús Gayoso Rey, el jefe del Grupo de Acción Rápida (GAR).