La hostelería riojana apoya la concentración que el sector llevará a cabo en Madrid el 9 de septiembre

La patronal Hostelería de España ha informado este jueves, en un comunicado que recoge Efe, de que «promueve» entre sus miembros la interposición de recursos a los decretos autonómicos con medidas contra el COVID-19, y lamentan la «criminalización» de su actividad por parte de las administraciones. A su juicio, estas limitaciones son «extremas» y perjudican a un sector «que no es el principal responsable de la propagación del virus».

Aunque admiten la existencia de «casos aislados de incumplimiento, con amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación«, han recalcado que las medidas sanitarias adoptadas con anterioridad »no se habían traducido en una disminución de los contagios«, lo que en su opinión demuestra »que los brotes se producen mayoritariamente en otros escenarios«, sobre todo reuniones privadas sin control.

Hostelería de España ha denunciado el «estigma» que sufre el sector por la difusión de algunos «casos aislados» que exigen sanciones «más contundentes», pero que no deberían extenderse a toda la industria, por tratarse de situaciones «individuales».

Los hosteleros se sienten «gravemente atacados por la Administración en todos sus niveles desde el comienzo de la pandemia« y han cargado contra »el claro agravio comparativo respecto a otras actividades y sectores en los que sí se han acreditado brotes«, como »los temporeros, las residencias de ancianos, los campamentos de verano y el transporte público«.

En el plano jurídico, la entidad ha explicado que los decretos autonómicos se basan en la Orden Ministerial del 14 de agosto de Sanidad, pero pese a ello «no todas utilizan el mismo instrumento normativo ni recogen las mismas medidas que el resto«.

Por ello, están solicitando su suspensión cautelar, ya que de continuar vigentes tendrían «graves consecuencias económicas» y provocar incluso el cierre definitivo de una parte de los bares y restaurantes del país.

Hostelería de España ha reclamado «medidas compensatorias» para proteger el empleo -del sector dependen cerca de 1,7 millones de puestos de trabajo- y ha censurado que las autoridades no hayan implementado «medidas de identificación, trazabilidad y seguimiento de los casos de contagio, atacando los focos iniciales de manera eficaz».

Entre las últimas restricciones -consensuadas el pasado 14 de agosto entre el Ministerio de Sanidad y los ejecutivos regionales- se encuentra la de prohibir las mesas con más de diez comensales en los restaurantes, una limitación que ya estaba vigente en algunas autonomías pero que se extendió a todas.

Además, se adelantó la hora de cierre a la una de la madrugada y se decretó el cierre por completo de los establecimientos de ocio nocturno («pubs» y discotecas), a lo que se suma no poder fumar a menos de dos metros de distancia, requisito aplicable también a las terrazas.