Las Fuerzas de Seguridad han tenido que vigilar la cuarentena de 118 personas

Una semana más tarde, el 3 de abril, agentes del Instituto Armado detuvieron en Calahorra a un ciudadano de 26 años. Había robado una caja registradora en un comercio, con 956 euros y 72 céntimos. Pero además había incumplido reiteradamente la orden de confinamiento por COVID.

Desde que comenzaron las restricciones a la movilidad y las órdenes de confinamiento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido que lidiar con todo tipo de infractores, algunos empeñados en firmar delitos casi surrealistas. El 7 de mayo, por ejemplo, un vecino de Rincón de Soto decidió saltarse el confinamiento vestido de torero. Salió a la calle con un carretón con cuernos y se marcó unos lances por las calles desiertas. Fue denunciado. En su descargo aludió que había sido «alentado por los vecinos». No parece que eso le vaya a servir de gran cosa como atenuante.

Según los datos de la Delegación del Gobierno, durante la vigencia del estado de alarma se interpusieron un total de 10.221 denuncias por incumplimiento de las restricciones. Por cuerpos policiales, la Guardia Civil firmó 3.585 denuncias, la Policía Nacional, 3.247 y las distintas policías locales, 3.389. De todas ellas se han tramitado ya 4.134. Fuentes de la Delegación indican que las demás están en curso de tramitación y recuerdan que existe un año de plazo para hacerlo. Tras el estado de alarma –y hasta el 28 de septiembre– Guardia Civil y Policía nacional han interpuesto 1.279 denuncias por incumplimiento de medidas sanitarias (la gran mayoría por no llevar puesta la mascarilla).

También se han formulado seis propuestas de sanción contra seis locales. Estos datos se completan con la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado para vigilar el cumplimiento de las cuarentenas. Existe un protocolo de auxilio judicial que pone en marcha el equipo COVID en La Rioja y que supone la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en el domicilio de aquellos ciudadanos que han incumplido la cuarentena o en los casos en que ha habido problemas para notificarles los resultados. En total –también a fecha de 28 de septiembre– se habían requerido 118 «auxilios judiciales».

Aunque con la caída del estado de alarma acabó el confinamiento general, el rebrote del virus hace que, hoy mismo, más de 11.000 riojanos permanezcan en cuarentena. Saltársela supone algo más que un comportamiento incívico: es un delito castigado con severas multas, que pueden alcanzar –en los casos más extremos– los 600.000 euros. Castigo más que suficiente para tratar de no repetir la hazaña de dos jóvenes calagurritanos, que quedaron atrapados en el barro con su coche. Llevaban drogas. Tenían que estar encerrados en casa, pero decían que estaban «hartos del coronavirus».