Un desbarajuste contable

En teoría, debería ser un trabajo fácil, accesible para cualquier estudiante de Secundaria. Coge usted el número de ancianos que viven en residencias y luego la cifra de aquellos que han muerto por COVID-19. Saca una regla de tres y esa operación le permitiría obtener los porcentajes de letalidad y trazar un mapa de cómo está la situación en España.

Debería ser fácil, pero ese ejercicio es casi imposible. Cada comunidad autónoma hace lo que le viene en gana y el Ministerio de Sanidad no ha querido –o no ha podido– unificar la cifras. El desbarajuste llega a tal calibre que, mientras que el País Vasco opta por no revelar el dato conjunto, Madrid no solo ofrece la cifra de muertos diagnosticados con coronavirus, sino que luego calcula a bulto todos aquellos que han fallecido «con síntomas compatibles» con el COVID-19. En Castilla-La Mancha, tras varios días de apagón informativo, ayer volvieron a comunicar la cifra de muertos en residencias (621).

Del examen de estos caóticos datos oficiales, podemos extraer alguna conclusión. No resulta aventurado decir que la pandemia ha golpeado de manera especialmente dolorosa a las residencias de ancianos de La Rioja. Ciñéndonos solo a los fallecidos diagnosticados de coronavirus (131) –sin contar los casos sospechosos–, el porcentaje sobre el total de residentes alcanza cifras superiores al 4%; una enormidad que supera con mucho las tasas de casi todas las regiones españolas, comenzando por las más cercanas: Aragón (1,6%), Navarra (2,24%), Cantabria (1,14%). Y eso por no hablar de aquellas comunidades autónomas que sí han conseguido mantener a raya la mortalidad en los centros de la tercera edad, como Murcia (1,02%), Asturias (0,75%), o Galicia (0,79%). Ni siquiera Cataluña, con situaciones infernales en más de una residencia, se acerca al caso riojano (3,06%). Aunque Osakidetza no considera oportuno disgustar a los ciudadanos vizcaínos con ese dato (las diputaciones forales sí que lo especifican en Álava y en Guipúzcoa), el diario El Correo tuvo acceso el pasado viernes a un informe interno del Servicio Vasco de Salud que cifraba los decesos totales en 278 (el 1,35%).

La situación de Madrid merece párrafo aparte. Si bien la cifra de ancianos muertos en residencias con COVID-19 no es muy elevada (781), el consejero de Sanidad añade que al menos otros 2.800 han fallecido con esos mismos síntomas. El vicepresidente Aguado, sin embargo, sube esa cifra hasta los 4.200. En Castilla y León también se aportan los dos datos, aunque con mayor exactitud: difuntos 'positivos' (785, el 1,68%) y 'con síntomas' (1.017).

Así las cosas, solo hay una conclusión: las residencias se han convertido en trampas mortales..., pero nadie conoce la verdadera dimensión de la tragedia.