El Defensor del Profesor alerta del aumento de las situaciones de estrés y de ciberacoso el último trimestre del curso pasado

Y es precisamente en estos últimos cuatro meses de curso en los que el Defensor del Profesor pone el foco con mayor intensidad por haberse detectado desde el primer momento en el que se acordó el cierre de los centros escolares una «avalancha» de consultas por la «falta de precisión» y de «instrucciones claras» por parte de la Consejería para afrontar una situación inédita, ha explicado este viernes Clara Álvarez Clavijo, responsable del servicio y secretaria de comunicación de ANPE.

Casi todos los docentes, ha añadido, «sufrieron un importante componente de estrés y se vieron afectados por la inseguridad». A ello se suma que «se atropellaron los derechos laborales» de los profesores que, además, «se vieron obligados a enfrentarse a situaciones de gran tensión» y a casos de ciberacoso aunque «de baja intensidad», ha detallado Álvarez.

En concreto, de acuerdo con su información, de marzo a junio, entre primera hora de la mañana y última hora de la tarde, la Consejería de Educación, entonces pilotada por Luis Cacho, publicó una veintena de comunicados, más de uno a la semana, «a veces varios al día y contradictorios», ha subrayado, en los que «solo se hilvanaron disposiciones y un fallido Pacto Social para la Reconstrucción Educativa».

Un denominador común de ese inédito momento fue la «falta de recursos materiales, para profesores, alumnos y familias» que desembocó en situaciones que, según el Defensor del Profesor, rayarían en la «ilegalidad» porque, de acuerdo con sus datos, se dio instrucción a algún docente para que repartiera tablet entre sus alumnos cuando «esto tendría que haberlo hecho la Guardia Civil».

Teniendo en cuenta todo esto, «el agotamiento por afrontar exigencias laborales sin medios, la inseguridad y las situaciones de estrés o de enfermedad han llegado a cotas sin precedentes, alcanzando a casi la totalidad de los docentes en diferente medida», ha resumido.

La situación de pandemia también tendría reflejo este curso, el 2020-2021, en el que se ha retomado la actividad presencial. Solo en el primer trimestre, ha detallado Álvarez, ya se han detectado ocho casos (el doble que en un año normal), de distintos tipos de acoso a profesores, muchos de ellos derivadas por la tensión generada por el impacto que el COVID-19 ha tenido en la economía de muchas familias riojanas.

Además, este curso, aunque se ha iniciado con más medios, desde ANPE denuncian que la administración «no ha regulado el teletrabajo para los docentes, ha aumentado la carga burocrática y ha adoptado medidas muy lesivas para la comunidad educativa que minan la autoridad de los profesores, como son autorizar la promoción, titulación de alumnos con suspensos o la posibilidad de contratar a interinos que no posean el máster para ejercer la profesión», ha denunciado.

En la primera parte del curso, la que discurrió hasta el cierre de los centros, el Defensor del Profesor atendió 10 casos (1 se contabilizó en el último trimestre), cifras parecidas a las del curso anterior. Y por etapas educativas, las más conflictivas son las obligatorias que coinciden con la adolescencia.

En cuanto a los problemas provocados por los alumnos, los más frecuentes fueron para dar clase y faltas de respeto. Por su parte, en la mitad de los casos en los que intervinieron las familias hubo presión para cambiar las notas y en la otra amenazas o acoso. Los problemas provocados en el ámbito laboral estaban relacionados con los desajustes al aplicar la normativa o los reglamentos de centros y «por la ausencia de marco regulador de la convivencia».

Todos los profesores afectados presentaron un cuadro agudo de ansiedad y en dos situaciones se produjo baja médica de larga duración por depresión.