Uno de cada cinco trabajadores de residencias de mayores rechaza la vacuna contra el COVID

Según su estimación, aproximadamente un 20% de los trabajadores de las residencias de mayores de La Rioja han mostrado su rechazo expreso a recibir la vacuna contra el coronavirus. El porcentaje es incluso superior en los dos centros que gestiona directamente el Gobierno regional (los de Lardero, con 200 plazas, y Calahorra, con 111), en los que, asume María Somalo, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, el rechazo «llega aproximadamente a un tercio de los trabajadores».

«Salud ha solicitado a todas las residencias una serie de datos para organizar la campaña de vacunación y para poder llevar un registro de aquellos que no estén vacunados», explica la directora general. Ese control se ha realizado a través de unos formularios repartidos a los profesionales en los que figura una casilla que les permite mostrar su oposición expresa a la vacuna. Hay más equis de las esperadas: «Sinceramente, esperábamos que el rechazo fuera bastante menor», confiesa María Somalo. «Nos ha sorprendido que en el caso de los centros públicos se opongan a recibir la vacuna, al menos por ahora, casi un tercio de ellos. Es algo preocupante», asume.

Preocupante y, sobre todo, inesperado tras los agónicos momentos que se han vivido en estos centros no solo en La Rioja, sino también en el agregado nacional, durante los últimos diez meses. El último balance de Salud apunta que 286 usuarios de residencias riojanas han fallecido durante la pandemia por el virus (más del 10%). «Quizá estamos acostumbrados a la generosidad de los trabajadores y presuponíamos que iban a ser igual de generosos», indica Somalo, confiando en que únicamente se trate de recelos iniciales que acaben por diluirse. Por eso, les invita a todos a contrastar donde consideren oportuno que la vacuna es segura. «Estamos viviendo todo lo vinculado a la pandemia en tiempo real y si no confían en la información que ofrecen las instituciones, si quieren más seguridad, que pregunten a sus médicos de Atención Primaria», sugiere.

Trasladando esos porcentajes estimados por Servicios Sociales a la plantilla total de profesionales que atiende a los mayores en los centros (1.986 según los datos que manejaba el Ejecutivo el pasado septiembre), cerca de 400 trabajadores habrían trasladado a Salud una respuesta negativa.

Estos rechazos hacen que el escenario previsto inicialmente –completar el blindaje de los centros con la vacunación de usuarios y trabajadores– cambie radicalmente toda vez que estos profesionales no vacunados «seguirán siendo un riesgo importante en las residencias, una vía de entrada del virus, por lo que habrá que adoptar medidas específicas de protección con ellos», augura la directora general. Desde una óptica estrictamente jurídica, «no tendríamos que negarnos a vacunarnos cuando el colectivo a proteger es un bien jurídico superior. Desde el punto de vista emocional, mucho menos», añade Somalo.

La situación es antagónica en lo que a los residentes se refiere. El grueso de ellos ha mostrado su predisposición a recibir el fármaco de Pfizer y los rechazos son minoritarios. «El volumen de usuarios que se está negando no llega al 5% [menos de 130 de los más de 2.600] y la mayor parte de las veces se trata de una decisión de sus familiares ya que ellos se muestran muy colaborativos y lo que quieren es que se les regale tiempo y vida», completa la directora general.