La cifra de ERTEs presentados en La Rioja supera los 4.000

Castresana ha comparecido en la Comisión de Desarrollo Autonómico del Parlamento de La Rioja para informar sobre la incidencia de la pandemia de coronavirus en la comunidad.

El consejero ha precisado que, según recoge Efe, hasta el pasado 24 de abril, de los 3.735 ERTE aprobados, un total de 3.644 se deben a motivos de fuerza mayor y otros 91 a otras causas, organizativas o productivas, mientras que 16 se denegado por no acreditar la fuerza mayor.

La tramitación de esta «avalancha de ERTE» durante este operativo especial se ha realizado por un equipo de 80 personas, que han realizado un «gran esfuerzo organizativo», porque en La Rioja se solían tramitar siete expedientes al año, y han superado los 4.000 en apenas cinco semanas.

Ha añadido que los más de 4.000 ERTE se han presentado de manera progresiva desde el pasado 13 de marzo, que afectan a un total de 23.863 personas, y ha puntualizado que se han dado ya las órdenes de pago de las prestaciones a más de 16.000 trabajadores entre los 20.610 que ya tiene asegurada la cobertura.

De manera complementaria, se ha ofrecido un servicio de apoyo integral a las empresas por medio de la Agencia de Desarrollo de La Rioja (ADER), la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, la propia Consejería y los distintos agentes económicos (sindicatos, Federación de Empresas de La Rioja, Cámara de Comercio) y once ayuntamientos, atendido por ocho gestores y 25 personas.

Este servicio de asesoramiento ha contabilizado un total de 4.205 consultas, de las que unas 2.000 corresponden a la ADER, mil a la FER, 850 a la Cámara y 119 a los ayuntamientos, ha precisado.

En cuanto a las líneas económicas de apoyo a los gastos de las empresas en esta situación excepcional, ha recordado que el Gobierno regional ha dotado una partida de 2,1 millones de euros, de los cuales se han asignado 1.019.000 de euros para 925 solicitudes y si fuera necesario se ampliarían los fondos

Por otro lado, los préstamos ICO permiten el acceso a las empresas a fondos de liquidez nacionales extraordinarios, que suponen la financiación del 80 por ciento de los gastos con garantía avalada con un año de cadencia.

La Consejería igualmente mantiene el servicio de teléfono único, a través del cual las empresas y empresarios han realizado más de 4.000 consultas de carácter laboral, de prevención y salud laboral así como cualquier otra solicitud se quiera plantear.

Ha añadido que a través del Consejo de Diálogo Social se ha trabajado con los sindicatos y las empresas para llegar a un acuerdo sobre el rol de los agentes económicos y sociales, con el objetivo de que los centros laborales sean un lugar seguro para la incorporación de los empleados al proceso productivo.

La reanudación de la actividad económica va a obligar a todas las empresas replantear sus medidas de protección, mediante la adopción de nuevos protocolos con cambios en sus procesos y la implantación de medidas organizativas y de desinfección de las instalaciones, que exigirán inversiones que las empresas deben acometer a la mayor brevedad posible, ha apuntado.

El objetivo es, que cuando se retome la actividad económica, el centro laboral sea «seguro» para evitar nuevos contagios y no tener que parar de nuevo la producción. Esta actualización de los protocolos de seguridad exigirá inversiones a las empresas, ha reconocido, por lo que el Gobierno regional ya trabaja en unas líneas de financiación.

Ha reconocido que el impacto de la epidemia en la economía riojana ha sido «muy grande», porque están «paralizados» los sectores servicios, turismo y gran parte de la industria (excepto la considerada servicio esencial, como el sector agroalimentario).

Por ello, una vez que este martes se han anunciado las fases de la desescalada, «ahora toca preparar la activación económica, que requerirá inversiones significativas que supongan una reactivación lo más rápida posible para que la demanda acompañe a la oferta y no se produzca una crisis estructural«, ha explicado.

Castresana ha subrayado que las empresas riojanas deben repensar su modelo productivo para ajustarlo a la nueva situación competitiva, a través de un proceso «participativo y de consenso», con proyección a medio y largo plazo, para «ser competitivos en el escenario internacional».