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El estado de alarma congeló los plazos procesales y la tramitación de los asuntos que no fueran considerados urgentes el 14 de marzo. Desde el pasado 5 de junio, el reloj de la Justicia ha vuelto a activarse después de poner a cero todos los plazos procesales que ya estuvieran en curso en el momento en que entraron en hibernación.
Más allá de la avalancha de casos de la que muchos advierten –«Puede haber un incremento importante en el ámbito civil y sobre todo en el mercantil. También en lo laboral», asume Javier Marca, presidente del TSJR–, hay casos que buscan una solución desde hace tiempo: quizá el primero que la halle, a modo de sentencia, sea el del exconsejero Juan José Muñoz. Entre los que tienen juicio pendiente, el primero de los grandes casos será el de los 'Payasos justicieros': serán juzgados desde el 9 de noviembre.
Los Bracos
El pasado 22 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño completó el, de momento, último trámite del caso que investiga la muerte de la niña Carolina Corral (5 años) en una habitación del hotel Los Bracos, hechos por los que su madre permanece ingresada en prisión desde el 30 de enero.
Tras recibir los resultados de los análisis de las muestras, el Juzgado informó de que las diligencias previas se instruyen por la muerte de la menor en procedimiento ante el Tribunal del Jurado por un presunto delito de asesinato. Y todo después de que ese informe toxicológico determinase, «sin ninguna duda, el hallazgo en el cuerpo de la niña de Lormetazepam, principio activo del medicamento Noctamid», hallado por los agentes en el interior del bolso de la abuela de la menor, que se quitó la vida el 28 de enero arrojándose al río Ebro. Las partes deberán comparecer para fijar los hechos y solicitar diligencias.
Payasos justicieros
Fue en julio del 2018. Los autodenominados 'Payasos justicieros' (seis jóvenes de entre 16 y 23 años) quemaron, según la acusación policial, hasta diez vehículos en diferentes zonas de Logroño e incendiaron tres garajes comunitarios de la capital provocando graves daños en los turismos y en la estructura de los inmuebles. La vuelta a la actividad de los juzgados ha acelerado la tramitación de un caso en el que tres de los cuatro procesados están en prisión desde hace casi dos años.
Así, el próximo 9 de noviembre, los cuatro adultos se sentarán en el banquillo de los acusados para enfrentarse, durante 15 días, a una de las acusaciones que más condena reclamará en la historia judicial reciente. El fiscal, además de los delitos de incendio en casa habitada y de una decena de delitos de daños, acusa a los cuatro de formar parte de una banda organizada para delinquir y reclama para cada uno de ellos penas superiores a los 75 años además de indemnizaciones millonarias.
¿Cohecho en el valle del Cárdenas?
La tranquilidad de que disfrutan los agustinos recoletos del Monasterio de San Millán se ha roto en los últimos tiempos en el corazón del valle del Cárdenas. Las batidas de caza, el sistema de su adjudicación, ha resquebrajado los cimientos de una de las mancomunidades con más solera de La Rioja (la que desde hace casi 200 años integran San Millán de la Cogolla, Berceo y Estollo), amenaza a los ganaderos de la zona con quedarse sin las ayudas de la PAC de este año (si fuera así, quizá también a devolver las de cursos anteriores) y José Félix Aransay (IU) y Ángel José Lerena (PP), alcaldes de Berceo y Estollo, están imputados como presuntos autores de un delito de cohecho por, presuntamente, alterar la concesión de las batidas en la mancomunidad en beneficio propio.
A principios de año, ambos ediles declararon ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño, que ahora tendrá que reactivar la causa para determinar si existe responsabilidad penal que dirimir.
Muñoz, a la espera de sentencia
El pasado 7 de marzo, la Audiencia Provincial de La Rioja, tras 17 sesiones, dejó visto para sentencia –pendiente de dictar– el 'caso Muñoz', el proceso en el que la Fiscalía, inicialmente, imputó a Juan José Muñoz –consejero en los gobiernos de Pedro Sanz entre 1997 y 2011– los delitos de estafa, blanqueo y tráfico de influencias en el traspaso de la sociedad Emfrisa y pidiendo para él cinco años y nueve meses de cárcel y una multa de seis millones de euros.
Tras más de un mes de juicio con decenas de testigos (entre ellos exaltos cargos de aquellos ejecutivos populares) el fiscal rebajó su imputación y su petición de pena: eliminó el delito de estafa, solicitó la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas y reclamó para él seis meses de cárcel y una multa de 553.750 euros.
Ganadero asesinado
J.C.M. (42 años de edad y natural de Aldeanueva) no regresó a dormir a su casa de Calahorra el 5 de septiembre de 2018. Horas después de que su mujer denunciara su desaparición, agentes del instituto armado encontraban su cuerpo semihundido en el interior de una balsa de riego próxima a la carretera que une Alfaro con Grávalos y Cervera.
A finales de octubre, y tirando del hilo de quien fuera su hombre de confianza, la Guardia Civil (contó con la colaboración de los agentes del GAR) detenían a los tres autores materiales y cuatro colaboradores del crimen:cuatro hombres y tres mujeres de un mismo grupo familiar, vecinos de Autol y Calahorra. El juzgado encargado del caso continúa con su instrucción.
El parricida de Nájera
Uno de los últimos casos que ha llegado al Palacio de Justicia, después de un arranque del curso marcado por la tragedia y el repunte de asesinatos (pendiente de resolver está el del profesor logroñés Pedro José Sáez Alfaro), es el del parricidio de Nájera. El pasado 2 de junio, poco antes de las 16 horas, SOS-Rioja recibía un aviso en el que se alertaba de un posible crimen cometido en la tercera planta del número 4 de la calle San Lázaro. Al llegar al lugar de los hechos los equipos de emergencia localizaron a J.R.G., de 47 años y el cadáver de su madre, a quien presuntamente mató con un martillo.
El supuesto parricida, que intentó quitarse la vida y que presentaba golpes y heridas de arma blanca en el cuerpo, fue trasladado al hospital San Pedro de Logroño. Tras recuperarse de las heridas, fue detenido y puesto a disposición judicial. El día 4, el Juzgado de Instrucción número 1, que será quien instruya finalmente la causa, ordenó su ingreso en prisión mientras continúa con la instrucción del caso.
Urbanismo en Albelda
Hace un año Rosana Zorzano revalidaba su Alcaldía en Albelda, incluso creciendo en número de votos, poco después de ser acusada por la Fiscalía de un presunto delito de prevaricación urbanística por la edificación de construcciones ilegales en el término municipal de la localidad, un caso muy parecido al de Villamediana. Zorzano tuvo que ser llamada a declarar, pero no se ha vuelto a saber más.
Muerte en el tajo
Con la reactivación de la actividad judicial, el Palacio de Justicia ha recibido la denuncia contra la firma Riojana de Asfaltos por la muerte de uno de sus empleados el pasado 10 de enero, cuando realizaba trabajos en la LR-113, en el término municipal de Viniegra de Abajo. La familia de la víctima solicita que se investigue si se cumplieron todos los protocolos de seguridad y riesgos laborales por parte de la firma.
El caso de Villamediana
En Villamediana existen dos causas abiertas y ligadas. La más antigua es la que ha tenido noticias más recientes. Hace tres semanas el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja anunció que la Audiencia Provincial anulaba el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción N.º 3 de Logroño sobre los presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa (el 'caso del chalé de Pedro Sanz') que señalaban al exalcalde Tomás Santolaya y también acordó continuar con la causa penal relacionada con el exarquitecto municipal por un supuesto delito de falsedad documental.
El asunto provocó la renuncia a la Alcaldía de Santolaya en el 2015, que se marchó declarando que «es una vergüenza que haya concejales del PSOE que han hecho obras sin licencia». Se refería a Juan Pedro Martínez, que en el 2018 fue expulsado del PSOE y a finales del 2019, tras ser sancionado por una infracción urbanística muy grave que recurrió, puso en conocimiento de Fiscalía un posible delito contra la ordenación del territorio por parte de la Corporación que él mismo integró.
El caso Churruca
A principios del 2014, la Guardia Civil cerraba la operación 'Pon Pon' desarticulando el plan que dos empresarios de Logroño, J.A.V. y J.P., habían puesto en marcha para acabar con la vida de Javier Churruca, en aquel entonces gerente del Club de Pádel La Grajera y socio del segundo de ellos. La investigación desveló que ambos empresarios desembolsaron a cuatro presuntos sicarios, entre finales del 2013 y principios del 2014, más de 60.000 euros para verle muerto. Tras una compleja y accidentada tramitación (uno de los sicarios procesados se quitó la vida y J.P. sufrió un accidente tras el que llegó a alegar que había perdido la memoria), el caso está pendiente de que la Audiencia Provincial determine la fecha de celebración de la vista.
La Fiscalía pide para J.P., presunto promotor del plan de asesinato, una pena de prisión de siete años de cárcel, la misma condena a la que se enfrentan J.A.V., mano derecha en la trama del anterior, y B.E.L., que les puso en contacto con los presuntos sicarios. Para estos últimos el Ministerio Fiscal solicita una pena de cárcel de 9 años.
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Alfonso Torices (texto) | Madrid y Clara Privé (gráficos) | Santander
Sergio Martínez | Logroño
Sara I. Belled, Clara Privé y Lourdes Pérez
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