La Coordinadora en Defensa del Territorio pide «revisar de oficio» las autorizaciones de renovables

«Habíamos visto un cambio de actitud en el Ejecutivo y un reconocimiento de que esos proyectos son dañinos para La Rioja, pero al aterrizar la idea dicen que poco se puede hacer ya con las iniciativas aprobadas», criticó Gabriel Ameztoy, portavoz de la plataforma Senda (Sostenibilidad Energética y Desarrollo Agrario). Sin embargo, la Coordinadora en Defensa del Territorio sostiene que sí se pueden tomar medidas. «Es fundamental que el Gobierno revise de oficio todas esas autorizaciones. Queremos que esas buenas intenciones se transformen en hechos», resumió Néstor Alcolea, secretario de Organización de UPA.

María José Nestares, representante de la organización Paisajes y Viñedos de La Rioja, aseguró que en estos expedientes se dan suficientes motivos de nulidad: «Hay un flagrante fraccionamiento de proyectos para esquivar la normativa», que impone requisitos más rígidos a las infraestructuras que instalan potencias superiores a los 50 megawatios. «Están implicadas las mismas empresas, que trocean sus inversiones, y eso está prohibido –explicó Nestares–. Motivos jurídicos para la revisión de oficio hay; otra cosa es que haya voluntad de hacerlo». «Si tanto critican la actuación del Gobierno anterior, no tiene sentido que las respuestas a los recursos sean las mismas», añadió Ameztoy. Por esta razón, pidió que, durante la elaboración de la Ley del Paisaje, se pongan «en suspenso» las licencias.

Los portavoces de las asociaciones agrarias y de las plataformas convocaron ayer a la prensa en la sede de la UAGR para denunciar «el despliegue masivo de las energías renovables en La Rioja». «El problema no es el qué, sino el cómo. Estamos en contra de los megaproyectos, financiados con fondos de inversión, con dinero que llega de no se sabe dónde y sin compromiso con el territorio. Somos una especie de colonia energética», resumió Ameztoy. Alcolea aportó un dato: «En Alemania el parque solar más importante ocupa 170 hectáreas y está cerca de un aeropuerto, con lo que no afecta al paisaje. Sin embargo, solo en la zona de Santo Domingo, hay previstas instalaciones que superan las 600 hectáreas».

Pablo Baztán, miembro de la plataforma por el desarrollo sostenible de las tierras orientales de La Rioja, recordó que el presidente Capellán les dijo, «textualmente», que los megaparques y las grandes líneas de ferrocarril eran «amenazas» que causaban «lesiones» en el territorio. «Lo que pedimos es que se activen las formas que el Gobierno tiene de frenarlos», concluyó.

La Coordinadora en Defensa del Territorio, integrada por las organizaciones agrarias (ARAG, UAGR, UPA) y diferentes plataformas cívicas, solicita además «no admitir nuevos proyectos que aumenten las hectáreas afectadas», al tiempo que exige una mayor «transparencia sobre las garantías exigidas a las empresas para la retirada de los aerogeneradores, las líneas de evacuación y las placas fotovoltaicas cuando llegue el final de su vida útil».