El 'G7' de las constructoras concertó al menos tres obras públicas en La Rioja

Le llaman el 'G7', porque eran siete las grandes constructoras que hace más de treinta años empezaron a reunirse para concertar su presencia en contratos públicos. Aunque en realidad, cuando las actividades del grupo han salido a la luz ya solo quedaban seis empresas. Grandes empresas: Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr. La flor y nata del sector en España, que tendrá que hacer frente a esa sanción de 206,3 millones de euros.

El grupo actuaba para planificar su estrategia en obras públicas de toda España, y por supuesto también en La Rioja. La resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no hace un listado exhaustivo, pero sí menciona varias decenas de obras según los papeles incautados en las misma empresas. Y en esa enumeración parcial aparecen ya tres obras realizadas en La Rioja y pagadas por administraciones riojanas o nacionales en 2013 y 2014.

La más suculenta, en 2013, era una obra que licitó la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, encargada de centralizar las obras de abastecimiento en el valle. En el momento de la tramitación la sociedad estaba presidida por la riojana Aránzazu Vallejo. La obra fue licitada por 25,4 millones, y es la más cara de las tres 'riojanas' que aparecen en el listado de la CNMC.

Ese mismo año, el 'G7' también pactó su participación en otra obra riojana, esta contratada directamente por el Gobierno regional: el ensanche y mejora de la LR-255 entre Alberite y Nalda. Una obra de algo mas de 5,1 millones.

Y en 2014, la tercera de las adjudicaciones riojanas conocidas: el tanque de tormentas construido en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Logroño. La obra fue ejecutada por otra sociedad estatal, ACUAES, que era la resultante de la fusión de la antes mencionada Acuaebro con otras empresas estatales similares. También era presidida por Aránzazu Vallejo. La obra se licitó en 5,8 millones de euros.

La multa de la CNMC será recurrida ante la Justicia por las empresas, que más allá del dinero (asumible por compañías de ese tamaño) incluye una posibilidad más dañina, que deberá ser decidida por otra instancia: la prohibición de contratar con ninguna administración pública durante un periodo determinado. En cualquier caso, el trámite judicial se demorará previsiblemente durante años.