El sector del vino protagoniza una inusual unidad en su crítica al Gobierno, al que exige medidas para destilar

En un momento en el que consideran más necesaria que nunca la activación de ayudas económicas concretas para hacer frente a la crisis de existencias –las bodegas siguen acumulando excedentes de vino en sus depósitos y barricas ante la caída de ventas–, el sector vitivinícola de la comunidad no ha encontrado la respuesta esperada en el Ejecutivo de Concha Andreu para recibir fondos para la destilación, a diferencia de lo que está ocurriendo al otro lado de la muga, en Rioja Alavesa. Y esa falta de medidas ha provocado la reacción contundente de las organizaciones y también del Consejo Regulador como máximo organismo del vino.

La entidad que preside Fernando Ezquerro lamenta la «demora incomprensible» del Gobierno riojano –también del navarro– para dar el «mismo tipo de respuesta» que el Ejecutivo vasco ha anunciado esta semana y que consiste en aportar ocho millones de euros para financiar la destilación de otros tantos millones de litros de vino de la comarca de Rioja Alavesa.

La comisión permanente del Consejo Regulador tilda de «muy positiva» la agilidad del País Vasco en anunciar ayudas a los viticultores alaveses de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) «y otras complementarias que se añadirán a los que practiquen y perciban ayudas para la cosecha en verde». En cuanto a los fondos para la destilación, creen que los 1,1 euros por litro es un «precio atractivo, que se verá incrementado por lo que se pueda percibir de las alcoholeras». 

En su reunión del jueves con Andreu y su equipo, el sector ya le urgió para que «adopte el mismo comportamiento que su homólogo vasco». Esta reivindicación también la han trasladado a los responsables de la Comunidad Foral de Navarra «de manera coherente con la unidad de acción que desde el principio se ha pedido a las administraciones». De lo contrario, consideran, una parte «de los viticultores y bodegas de la Denominación resultarían claramente discriminados».

En este sentido, las organizaciones productoras y comercializadoras alertan también en su comunicado conjunto que ya se está generando un «agravio comparativo» con las bodegas y los viticultores del País Vasco «donde se ha actuado de forma diligente, apostando por un sector que genera riqueza en sus pueblos y tiene un papel social muy importante. Es obvio que esto mismo hubiésemos deseado que sucediese en La Rioja, más si cabe después de todas las reuniones y contactos que se han mantenido con el Gobierno desde hace más de tres meses».

Las cooperativas de Fecoar, las organizaciones agrarias ARAG-Asaja, UAGR y UPA y también el Grupo Rioja, la Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) y Bodegas Familiares, todas ellas con presencia en el pleno del Consejo Regulador, expresaban su «absoluta decepción» con esa «falta de concreción y de celeridad» del Ejecutivo de Andreu. Porque «más de un mes después» de que se aprobase en el seno de la Denominación de Origen –por una mayoría del 90%– un Plan para la Recuperación del Equilibrio en Rioja «que tenía como condición indispensable la aportación de fondos por parte de las comunidades autónomas, el Gobierno regional, a diferencia de lo que ha hecho el del País Vasco, sigue dando largas en la aplicación de la medida de apoyo a la destilación para la que ni siquiera hay un compromiso de fondos propios».

En La Rioja, según avanzó Andreu en la reunión del jueves con el sector, hay planteamientos para financiar la quema de vino con 80 céntimos de euro por cada litro, una cifra inferior a los 1,1 euros del País Vasco. «Pero no es una cifra definitiva», reconoció la presidenta. Con lo que también entre las organizaciones bodegueras y agrarias ven «más dudas que certezas» y les sorprende que la mandataria autonómica «vuelva a pedir los datos que las administraciones de las tres comunidades ya conocen desde hace tiempo al estar presentes, como invitadas, en los plenos de la Interprofesional».

También la oposición política al Gobierno de Andreu reprochó a la presidenta su «incomprensible» actuación el jueves al no concretar ni plazos ni cantidades para habilitar ayudas a la destilación, en palabras del popular Alfonso Domínguez.

El sector vitivinícola en Rioja necesita destilar 30 millones de litros este año y otros tantos el que viene para reducir las existencias en las bodegas. Esta medida «urge ponerla en marcha porque beneficia a toda la cadena, especialmente a los viticultores que son el eslabón más vulnerable». La destilación, según las organizaciones, «evitará que se hunda el mercado del vino y permitirá que pueda entrar la uva en la bodega la próxima vendimia».

También la cosecha en verde es una medida complementaria para combatir los excedentes –al igual que la contención de rendimientos, la eliminación del debate de nuevas plantaciones y del stock cualitativo o las acciones para contribuir a dinamizar las ventas de vino de Rioja– pero resulta «insuficiente porque solo actúa en la producción de este año, cuestión que se ha venido advirtiendo desde enero».