El Consejo Consultivo avala indemnizar con 850.000 euros a la otra bebé intercambiada

En esta ocasión, el Consejo también reconoce que los familiares directos de la ahora joven tienen derecho a recibir una indemnización de 735.000 euros. No ocurrió lo mismo con el primer caso, aunque entonces ni las supuestas madre y abuela de la primera bebé reclamaron nada a Salud. No iniciaron el procedimiento hasta finales del pasado año y, tras una primera negativa, la Consejería volvió a reconsiderar la situación hace unos meses.

Ahora, la indemnización definitiva que recibirá la joven y sus familiares queda en manos del Gobierno de La Rioja, cuyos servicios jurídicos continúan estudiando la situación desde que recibieron el dictamen del Consejo el pasado mes de agosto.

Precisamente, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, la abogada de la joven y de los familiares, Alicia Redondo, urgía este lunes al Consejo de Gobierno a «tal y como hizo en el expediente de responsabilidad instado por la otra bebé intercambiada», a dictar la correspondiente resolución en la que acuerde indemnizar a los reclamantes, «como mínimo» con los importes indicados por el Consejo Consultivo.

Redondo pide además la «máxima celeridad» ya que «el proceso se está demorando en el tiempo, con todo lo que ello está suponiendo a nivel emocional para mis representados».

Los familiares de esta segunda joven intercambiada, para los que el Consejo Consultivo avala una compensación total de algo más de millón y medio, iniciaron la reclamación ante la Consejería de Salud por 4,3 millones de euros. En concreto, 3 millones para la joven y 1,1 y 200.000 euros para los familiares directos. También la primera de las bebés pedía 3 millones, una cantidad por la que aún litigan en los juzgados.

El intercambio de las bebés de Logroño se remonta a junio de 2002. Con cinco horas de diferencia nacían en el antiguo Hospital San Millán de Logroño dos niñas, Ana y María (no son sus nombre reales). Las dos pequeñas fueron trasladadas directamente desde el paritorio hasta la unidad de Neonatología donde fueron colocadas en incubadoras consecutivas, la 1 y la 2. Al día siguiente, el personal de la unidad trasladó a las dos recién nacidas de las incubadoras 1 y 2 a las cunas 6 y 7. La bebé que ingresó en la incubadora 1 tiene anotado al día siguiente que sale de la incubadora 2 a la cuna 7 y en la anotación de la pequeña de la incubadora 2 aparece que sale de la 1 a la cuna 6. Días después les dieron el alta y sin pasar por la habitación, cada una fue entregada a los padres de la otra directamente desde la unidad de Neonatología. A Ana la criaron los padres biológicos de María. A María, como los padres de Ana tenían una discapacidad incapacitante, la crió la abuela biológica de Ana.

A los quince años, la abuela reclamó una pensión de alimentos al supuesto padre de María. Éste negó que fuera el padre de la menor y las pruebas de ADN lo confirmaron después. Más adelante se comprobó que tampoco la supuesta madre era realmente la progenitora y con esta incertidumbre María acudió a la Consejería de Salud que cotejó 13 nacimientos en fechas próximas al de María y concluyó que, a falta de una prueba de ADN, solo pudo ser cambiada con Ana.

En 2021 las pruebas confirmaron el intercambio de los bebés y el Juzgado de Familia ordenó la inscripción de María en el Registro Civil como hija de sus auténticos padres biológicos. En un primer momento la Consejería consideró que no existía una relación de causalidad entre aquel intercambio y la situación en que se encuentra la afectada; que no se trata de un hecho antijurídico; y que la víctima tiene la obligación de soportar las consecuencias de aquella negligencia. En todo caso, le ofrecía 215.000 euros. El Consultivo avalaría después el pago de una compensación de 850.000 euros, cifra que fue aprobada en Consejo de Gobierno y luego, no sin algunas reticencias, entregada a la joven por parte de la aseguradora de la Administración.