El final de las derivaciones a otros territorios para la interrupción voluntaria del embarazo parece inminente.
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«El compromiso del Gobierno de La Rioja y de esta consejera es claro, la ciudadanía puede estar tranquila porque estamos trabajando muy intensamente y próximamente, en unas ... semanas, probablemente a mediados de febrero, se va a garantizar, incluso antes de que se apruebe en las Cortes la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que cualquier riojana pueda optar por la interrupción voluntaria de su embarazo dentro de la comunidad, probablemente en el hospital más cercano a su domicilio y para todo tipo de intervenciones», defiende la titular del área, María Somalo, quien frente a los debates surgidos avisa de que «hay poco margen para interpretaciones de esa ley, es un derecho y una garantía clara y debemos cumplirla todas las comunidades».
Pero el modelo que baraja la consejera riojana va incluso más allá: «No solo vamos a garantizar que se realice aquí, sino que vamos a mantener que cualquier riojana que prefiera que el proceso sea fuera de la comunidad lo pueda hacer también».
La solución al problema podría tener que llegar de fuera, aunque no se descarta aún la vía interna. «Los profesionales de la sanidad riojana han optado todos por acogerse a la objeción de conciencia y lo vamos a respetar siempre, pero también llevamos tiempo trabajando con ellos para sensibilizarles en determinadas cuestiones y puedo decir que la respuesta está siendo buena. Trabajamos para que se pueda garantizar el derecho de las riojanas sin salir de la comunidad con los profesionales de aquí y lo que no podamos conseguir lo haremos con personal de fuera».
«La única solución admisible es que la interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse en la sanidad pública y sin tener que salir de La Rioja, ese es el acuerdo que tenemos y hay que cumplirlo», advierte con rotundidad, por su parte, la diputada de IU, Henar Moreno, quien recuerda al Ejecutivo regional que «hay distintas soluciones: traer alguien de fuera o que lo hagan los profesionales que ya hay aquí».
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Moreno no oculta sus críticas al colectivo de ginecólogos, al asegurar que «para mí es una objeción de conciencia muy relativa, porque se erigen en dioses». «Aquí sí se hacen abortos cuando hay malformación en el feto o hay un síndrome down, ¿qué pasa? ¿Entonces les parece bien? Me temo que es más una decisión laboral que de objeción de conciencia, no me creo que todos los ginecólogos que trabajan en la Seguridad Social sean objetores frente al aborto», asevera la diputada que denuncia que «cada vez que hablamos de un derecho existe una colisión con otro y en este caso el derecho al aborto parece que colisiona con el derecho a la objeción de conciencia, pero la realidad es que los derechos de las mujeres siempre son los últimos en ser atendidos.
«La objeción de conciencia es un derecho fundamental y desde que existe la ley todos los profesionales se pueden acoger, es una cuestión fundamental y eso no ha variado», resalta, por su parte, Inmaculada Martínez Torre, presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja, que aclara que «las pacientes riojanas tienen garantizada la prestación desde la entrada en vigor de la ley».
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Respecto a la reforma legal que garantizará que el proceso deba hacerse en la comunidad, Martínez Torre considera que «es la administración la que debe buscar cómo implementar dicha normativa» y admite que contratar especialistas de fuera podría ser «una solución adecuada».
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