La consejera Romero ocultó un piso en propiedad en su declaración de bienes

Raquel Romero adquirió en mayo del año pasado un piso en Logroño, del que es única propietaria, con casi 100 metros cuadrados útiles de superficie, una tasación a efectos de subasta de 123.579,71 euros y una hipoteca con el Banco de Sabadell de 92.600 euros, según consta en el registro de la propiedad.

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, establece en su artículo 58 que, además de la obligación de presentar las citadas declaraciones al nombramiento y al cese, también deben realizarse «cuando se produzca una modificación sustancial de la situación patrimonial de los declarantes por la adquisición o transmisión de bienes o derechos, así como cualquier alteración en las actividades declaradas», como evidentemente ha sucedido en este caso.

Asimismo, la Ley de Transparencia del Gobierno de La Rioja, cuya aplicación es, por cierto, competencia de la propia Romero, especifica que la comunicación de bienes de sus miembros deberá actualizarse cada año, aunque el Gobierno de Andreu tardó hasta febrero del 2021 en publicar la del ejercicio pasado.

Desde la primera declaración de los miembros del gobierno publicada en el BOR, en diciembre del 2019, quedan únicamente cuatro consejeros en sus puestos: Raquel Romero (Igualdad, Participación y Agenda 2030), Celso González (Hacienda), Eva Hita (Agricultura) y Sara Alba (Salud), de los que solo González ha actualizado modificaciones en la misma, con la revisión al alza del valor catastral de sus inmuebles y con una minusvalía de 15.111 euros en sus otros bienes respecto a 2019.

De los nuevos consejeros, Pedro Uruñuela (Educación), Alex Dorado (Sostenibilidad) y Pablo Rubio (Servicios Sociales) publicaron el pasado día 12 su primera declaración de bienes –el último consejero nombrado, José Ángel Lacalzada, aún no lo ha hecho–. Uruñuela es el que más patrimonio y bienes declara –por valor superior a los 300.000 euros y sin deudas–, mientras que Dorado no tiene inmuebles ni deudas y sí otros bienes por unos 19.000 euros. Un caso sorprendente es el de Pablo Rubio, que no posee ni vehículos ni cuentas corrientes ni otros bienes, pese a su dilatada carrera como abogado.

La realidad es que la situación patrimonial de Romero, con la compra del piso en propiedad, nada tiene que ver con la que tenía en septiembre del 2019, cuando entró a formar parte del Ejecutivo de Andreu. Más allá del reproche político, el incumplimiento de la ley del gobierno e incompatibilidades de sus miembros es un supuesto que podría incluso tipificarse como infracción grave o muy grave, según los artículos 64 y 65: «La falsedad u ocultación de los datos de importante trascendencia económica que deban ser incluidos en las declaraciones y en los documentos que hayan de ser presentados en el registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses».

Las sanciones previstas para este tipo de infracciones incluyen desde el cese hasta la «inhabilitación para el desempeño de los cargos cuyo nombramiento corresponda al Consejo de Gobierno o a su presidente de hasta 10 años», dependiendo de la graduación de la sanción, aunque para ello sería necesaria la apertura de un expediente sancionador por parte del propio Ejecutivo riojano. Raquel Romero, además de consejera del Gobierno de La Rioja, es también diputada y, por lo tanto, está obligada igualmente a presentar su declaración de bienes en el Parlamento. En la comunicada en agosto del 2019 no constaba la posesión de bienes inmuebles y su patrimonio declarado como 'otros bienes' asciende a 12.500 euros, aunque tras una rectificación.