El Congreso ratifica la prohibición de la caza del lobo

La votación reflejó la división, las aristas y los intereses enfrentados en esta polémica medida. La derogación, respaldada por PP, Vox, Foro Asturias y Partido Regionalista de Cantabria, fue derrotada con los 'noes' de los dos partidos del Gobierno, de las pequeñas formaciones de izquierda y de Esquerra, y contó con la abstención de Ciudadanos, EH Bildu y del PNV (no acepta ni una solución ni una ley estatales).

En la postura de uno y otro lado del hemiciclo volvieron a subyacer las dos visiones de fondo contrapuestas sobre este asunto. La de los pastores y ganaderos tradicionales, que no ven en el lobo más que una alimaña, y la de los naturalistas, que describen un animal autóctono en riesgo de extinción.

El Parlamento, con su decisión, la misma que reclamaban las cinco principales organizaciones ecologistas españolas, blinda el actual estatus del lobo frente al intento de retorno a las batidas selectivas defendido por los conservadores, las principales organizaciones ganaderas y los ejecutivos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, las autonomías donde viven las 300 manadas que se calcula que hay en libertad, que, de hecho, han impugnado la orden ministerial ante la Audiencia Nacional. El Ejecutivo de La Rioja, región donde también está presente el lobo, defiende dicha medida.

La proposición popular derrotada buscaba una vuelta atrás en la legislación, el intento de que la orden ministerial del 20 de septiembre nunca hubiese existido. El retorno al pasado hubiese supuesto que el depredador ibérico seguiría siendo especie protegida y no cinegética en los territorios al sur del Duero, donde los cánidos silvestres son una mera curiosidad, y, por el contrario, en el norte de Castilla y León y en las regiones cantábricas, donde vive el grueso de los 2.500 ejemplares, los lobos dejarían de ser intocables y podrían ser abatidos siempre que se cumplan las condiciones que fije cada autonomía. Volverían a autorizarse lo que el texto popular bautizaba como «medidas de gestión».

El PP justificaba la vuelta atrás en que las ayudas y las compensaciones por los ataques del lobo son insuficientes para contrarrestar sus daños a vacas, ovejas, cabras o caballos y, sobre todo, para evitar que la presión sobre los ganaderos de León, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias o Cantabria «ponga en peligro el futuro de su actividad y del mundo rural». Su cálculo es que 40 reses mueren al día por las dentelladas del lobo (unas 14.000 al año) y que, también cada día, cierran dos explotaciones.

La iniciativa acabó en la papelera, pero su presentación tuvo una gran utilidad política para el PP, que alzó la bandera de la defensa del mundo rural, que la ultraderecha trata de disputarle abiertamente como se demostró en la marcha que en marzo recorrió el centro de Madrid. De hecho, la ponente popular, Milagros Marcos, aseguró que era la voz de «los que lloran y viven con el corazón en un puño por un capricho del Gobierno socialcomunista» y se preguntó «¿a quién tenemos que proteger, al lobo o a los ganaderos?». El portavoz de Vox, no obstante, también intentó rascar su cuota de protagonismo tirando de descalificación y hablando de medida de «'ecolojetas' de salón» tomada desde la «ignorancia de despacho» de «Teresita la Roja» (en referencia a la ministra).

PSOE y Unidas Podemos coincidieron en que es una medida necesaria, porque la población de depredadores autóctonos lleva estancada décadas y en desaparición en la mayor parte del país, y acusaron al PP de usar al lobo como «cortina de humo» para no tener que entrar que lo que de verdad está acabando con la vida rural y las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas, que no sería el cánido salvaje sino los efectos del cambio climático y las prácticas desleales en la cadena alimentaria.

Recordaron que la prohibición de la caza del lobo llega de la mano de un plan nacional para prevenir los ataques y resarcir las pérdidas de reses que multiplica por 26 veces la inversión destinada hasta ahora a facilitar la coexistencia entre el depredador y los ganaderos tradicionales. El Estado distribuirá por vez primera 20 millones de euros en ayudas para que las explotaciones se pertrechen con medidas preventivas y de protección del ganado (mastines, vallados modernos, monitorización GPS, rediles de recogida nocturna) y otros 20 millones para resarcir los daños por ataques de lobos a sus rebaños.

El Gobierno también destinará 664.000 euros a la realización de un censo actualizado del lobo en España, con datos sobre ejemplares existentes, número de manadas y ubicación, que permitan diseñar planes de coexistencia más ajustados a la realidad de cada zona. El último recuento válido, de 2014, concluyó que había entre 2.000 y 2.500 lobos en España, con la 60% o más de las 297 manadas concentradas en tierras de León, Palencia y Zamora, seguidas por Galicia, con el 28% de los depredadores.