Condenados a 27 años de cárcel los dos acusados del asesinato de Guillermo Castillo

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a 27 años de prisión a cada uno de los dos acusados por el asesinato de Guillermo Castillo, el hostelero de Cuzcurrita de Río Tirón que fue violentamente agredido en su casa en la madrugada del 2 de mayo de 2023. La sentencia sigue la versión de la Fiscalía, que siempre ha defendido la existencia de dos delitos: uno de asesinato, por el que la Audiencia ordena 23 años de prisión, y otro de robo con violencia, con una pena de cuatro años.

Ambos acusados también deberán abonar de manera conjunta y solidaria a los dos hijos de la víctima la cantidad de 311.192,54 euros en concepto de responsabilidad civil, tal y como solicitaban las acusaciones particulares. También se les impone la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de los hijos de la víctima por un periodo de 5 años, una vez cumplida la pena impuesta.

No se tiene en cuenta la petición de prisión permanente revisable, la más dura del Código Penal español y que solicitaban las acusaciones particulares, y que se basaba en que Guillermo Castillo fue atacado sin posibilidad de defensa y con manifiesta superioridad por parte de sus agresores, el español Antonio D. G., de 54 años, y Carlos Sergio R. M., de 39.

El magistrado presidente no estima la petición de las acusaciones particulares proque entiende que no se dan las circunstancias exigidas para imponer la pena máxima. Según el artículo 140 del Código Penal, para imponer la prisión permanente revisable se tienen que dar alguna de las siguientes circunstancias: «que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad».

En la sentencia se fundamenta que aunque Guillermo Castillo contaba con 78 años de edad, no afectaba en «su capacidad de vida independiente, lo mismo que las enfermedades que padecía, no eran incapacitantes ni le colocaban en una situación de especial vulnerabilidad respecto a terceras personas, más allá de las propias de la edad, por lo que debe llevar a excluir que concurra la circunstancia alegada por las acusaciones de especialmente vulnerable».

El pasado 20 de noviembre, el jurado popular ya consideró culpables a ambos, pero ahora faltaba por redactarse y hacerse pública la sentencia de un juicio mediático que se prolongó durante casi dos semanas a principios de ese mes de noviembre.

Los miembros del tribunal, por una amplia mayoría, consideraron que fueron los dos acusados los que de mutuo acuerdo viajaron juntos desde el barrio de La Estrella hasta Cuzcurrita y que allí, como defendían los investigadores, agredieron conjunta y brutalmente a Guillermo Castillo para después encerrarle en un aseo tras colocarle unas esposas.

En ese pequeño baño de la primera planta, tendido en el suelo, con varias costillas rotas, un hombro luxado, infinidad de golpes y un traumatismo craneoencefálico que finalmente sería la causa de su fallecimiento, agonizó el hostelero durante unas horas. Mientras, registraban la casa en busca de un gran botín que apenas llegó a 600 euros, ya que no hallaron las dos cajas fuertes escondidas en la casa de Guillermo.

«La muerte se produjo para facilitar el robo y evitar que hubiese podido testificar. De aquí la frase «hombre muerto no declara» [que se interceptó meses después en los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil]«, leyó ese 20 de noviembre el portavoz del jurado. Después de la brutal paliza, ambos acudieron a Lardero para drogarse y siguieron con sus vidas, manteniendo un contacto que había comenzado años atrás cuando coincidieron en la cárcel. Pero meses después del asesinato, un testigo protegido que no declaró en el juicio, puso a la Guardia Civil sobre la pista de Carlos Sergio. Los pinchazos telefónicos dieron como fruto algunas pistas que acabaron en la detención de ambos y el juicio que ahora ha quedado ya sentenciado.

Queda por saber si la acusación particular que encabeza el mediático Marcos García Montes recurre la decisión de la Audiencia o se solicita abrir un proceso para tratar de esclarecer puntos que, para la familia de Guillermo Castillo, no han quedado claro, como si hubo alguna otra persona implicada, en calidad de informante o encubridora, en la muerte del hostelero.

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