Condenado a seis meses de prisión el administrador de una empresa riojana por la muerte de un trabajador

El Juzgado de lo Penal número 5 de Móstoles condena, en una sentencia fechada el 6 de julio, al administrador solidario de Alternativas Riojanas Eólicas y Solares, ARESOL, como autor de ambos delitos, imponiéndole seis meses de cárcel -que no será efectiva al ser inferior a dos años- y una inhabilitación especial para el cargo de administrador de empresas durante ese tiempo.

También condena por el primer delito a la persona que era recurso preventivo de la empresa en Madrid, al que impone cuatro meses y medio de cárcel. En ambos casos se aplican las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que el proceso se ha demorado siete años, y de reparación del daño.

La Fiscalía pedía inicialmente dos años y siete meses de prisión y un año y medio de prisión para los dos acusados de la empresa, pero hace unos meses rebajó sustancialmente esa petición en contra del criterio de la que era la pareja del fallecido, hasta que finalmente se ha llegado a una conformidad. La familia del fallecido y su pareja ya fueron indemnizadas.

Julio Merino García Osorio murió el 1 de octubre de 2014 tras permanecer casi un año en coma debido al accidente laboral que sufrió el 25 de noviembre de 2013.

Ese día subió junto a un compañero a un tejado de una nave de Griñón para reparar unas placas fotovoltáicas, un lucernario cedió y Julio cayó desde una altura de unos cinco metros.

Ahora el juzgado condena al directivo de la empresa riojana, porque pese a tener «facultades de decisión, ejecución y vigilancia» no facilitó a los trabajadores «la información adecuada a los riesgos del trabajo ni dio la formación adecuada al trabajador sobre las medidas preventivas correspondientes».

«Tampoco se aseguró de que la cubierta tuviera puntos de anclaje o línea de vida», de manera que «puso en peligro grave la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio», explica la sentencia.

Para el encargado de los trabajos en Madrid, designado recurso preventivo, detalla que tenía «facultades de vigilancia» y «permitió que los trabajadores subieran a la cubierta, sin asegurarse que ésta tuviera línea de vida donde poder anclar los arneses de seguridad».

«Tampoco comprobó que los trabajadores accedieran a la cubierta por el lugar más seguro, permitiendo que transitaran por la cubierta a pesar de que el perímetro tenía riesgo de caída en altura y que los lucernarios no tenían la estabilidad suficiente para ser transitados», añade el juzgado.

La que era la pareja del fallecido en el momento del accidente, María Antonia González, que durante el proceso judicial ya criticó «la falta de humanidad» de Aresol, ha valorado la sentencia condenatoria, que aunque no llevará a la cárcel a los dos procesados sí deja clara su responsabilidad, sobre todo en el caso del directivo, al que inhabilita seis meses para dirigir empresas.

«Tras siete años con muchos momentos malos, probablemente el peor fue el pasado mes de enero, cuando la Fiscalía cambió de criterio y propuso solo una multa y unos meses de prisión, sin inhabilitación, algo que no se podía permitir», relata, recordando que la familia de Julio y ella ya habían separado la acusación que iniciaron conjuntamente y ella fue la única que no aceptó esa oferta de la Fiscalía.

«Las personas no pueden morir en el trabajo, la vida no va en el sueldo», sostiene María Antonia, que se muestra satisfecha por una sentencia que «deja claro que Aresol es una empresa que tiene la responsabilidad de la muerte de un trabajador, al que incluso envió un burofax cuando estaba en coma para despedirle».