Condenado a repartir una herencia de 1,7 millones oculta en paraísos fiscales

El conflicto nace en 2011, con el fallecimiento de la madre de ambos litigantes, aunque las rencillas se remontan una década (una relación de «máxima tensión», la definió la Audiencia Provincial), con la muerte del padre, el muñidor de la fortuna familiar y responsable de su gestión, que incluía cuentas en paraísos fiscales. La Audiencia recuerda una de las últimas comunicaciones entre hermanos, con las relaciones casi rotas y a través de un correo electrónico, en el que el encausado tilda de «imbécil, ignorante o mentirosa» a su hermana.

Pese al conflicto, los dos hermanos firman un acuerdo para repartir la herencia al 50%. Hasta ahí ni un pero, aunque la hermana tenía la mosca detrás de la oreja porque no le cuadraban las cuentas. Es gracias a la 'amnistía fiscal' del PP en 2012 cuando comienza a conocer detalles sobre el patrimonio oculto. En el entorno de esta familia logroñesa se denominaba como 'lo de fuera' a una importante cantidad de dinero depositada en una cuenta de Mónaco y otra de Suiza. Y 'lo de fuera', según la denunciante, no había entrado en el reparto de más de cinco millones de euros (tres en dinero y más de dos en patrimonio inmobiliario) ya llevado a cabo .

Es en 2015 cuando el asunto llega a los tribunales y la Justicia empieza a tirar del hilo. Poco después de la muerte del padre, ocurrida en 2001, se produce un traspaso de 1,39 millones desde una cuenta de Mónaco, propiedad del difunto y su esposa, a otra de las Islas Vírgenes, regida por el hijo. En la demanda, la hermana ve «absolutamente imposible» que una mujer «de 83 años que nunca se había implicado en las operaciones financieras de su marido», fallecido tres meses antes y con las «facultades físicas disminuidas por la edad» desvíe 1,39 millones a una sociedad de un paraíso fiscal a nombre de su hijo. En 2006 se produce otra operación desconocida en un primer momento para la demandante, cuando 270.000 euros pasan de una entidad bancaria helvética a otra distinta.

¿Quién está detrás de esas cuentas de las Islas Vírgenes y Suiza?, se pregunta la hermana. Y la Justicia, tras una comisión rogatoria en 2019, logra una contestación. El hermano, en respuesta al requerimiento, informa a su banco suizo que como «liquidador, apoderado y autorizado de la sociedad» no quiere «dar información ni documentación al juez civil». Y ahí la Audiencia Provincial, punto ratificado por el Supremo, ve comprobado que el acusado es «poseedor de mala fe» de ese dinero, ya que podía haber colaborado para desentrañar qué había ocurrido con ese flujo de 1,7 millones que se había 'desviado' del patrimonio que ambos debían repartirse a partes iguales.

Este se defiende atacando, aunque sin éxito, ya que invoca «profusas donaciones y liberalidades» (ingresos en cuentas bancarias portuguesas, un local comercial en una ciudad levantina, regalos…) recibidas por su hermana, aunque la Justicia considera esas dádivas como ajenas al asunto juzgado y se centra en las cuentas en paraísos fiscales (también rechaza la pretensión de la demandante de explorar el patrimonio depositado en bancos españoles al entender que este quedó correctamente repartido).

La sentencia dictamina que la demandante llevaba razón respecto al dinero de las Islas Vírgenes y de Suiza y que tiene derecho al 50% de esa cantidad (unos 835.000 euros), aunque queda pendiente un importante fleco: determinar los intereses que se han generado durante casi veinte años y que deben engordar esa cantidad. Un perito deberá calcular ese plus, que elevará la cifra a ingresar por encima del millón.

Con eso se pondrá fin a un asunto judicial de telenovela pero sorprendentemente cotidiano, con sus protagonistas ajenos a cualquier foco mediático, con vidas muy alejadas de lo que podría esperarse de unos millonarios y con otra familia rota por una herencia, que en ese punto da lo mismo ser rico que pobre.