Una condena para el peor de los delitos

El primer reo en probar las hieles de la máxima pena prevista en el Código Penal español fue David Oubel, conocido como el parricida de Moraña por haber matado brutalmente a sus dos hijas en esa localidad pontevedresa. Precisamente, el del parricida es el perfil más habitual de condenado al más restrictivo de los castigos. El siguiente es el del asesino de niños.

Los menores también han sido las víctimas en los dos juicios en los que, tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, se ha impuesto esta pena. Adriana Ugueto fue condenada a prisión permanente revisable en marzo de 2022 por asesinar a su hija, Carolina, de 5 años, en una habitación del hotel Los Bracos, en Logroño. Tanto la condenada como su madre y abuela de la pequeña, Olga Febles, urdieron conjuntamente un plan de suicidio ampliado a la menor. Ambas se trasladaron desde Haro, municipio en el que residían, hasta Logroño a primera hora de la mañana del 26 de enero de 2020 y a las 19 horas, en la habitación del hotel, asfixiaron a la niña.

Antes, le habían suministrado Noctamid, cuyo componente activo es Lormetazepam, indicado para el tratamiento de corta duración del insomnio. Poco después la abuela se arrojó al Ebro y la madre fue detenida al día siguiente después de que un vecino diera la voz de alarma. Adriana estaba encaramada a la ventana del hotel y la pequeña yacía en una de las tres camas que había en la habitación. La sentencia de la Audiencia fue confirmada por el TSJR y por el Supremo.

El segundo caso es de sobra conocido. Esta misma semana el magistrado condenaba a Francisco Javier Almeida a prisión permanente revisable por el asesinato de Álex, de 9 años, y a 15 años más por agredirle sexualmente. El ya condenado, engañó al menor para que le acompañara a su casa y allí le agredió con una violencia brutal, según detalló el juez en la sentencia.

En ambos casos, explica la abogada Alicia Redondo, quien ejerció de acusación popular en el caso de Carolina, y popular y particular en el crimen de Lardero, «es palpable una violencia y una crueldad extrema sobre niños». «Y si cualquier tipo de violencia nos puede poner los pelos de punta, sobre niños tan pequeños es imposible racionalizarla», apunta.

La incorporación de esta pena al Código Penal no estuvo exenta de polémica. Veían en ella la privación perpetua de libertad cuando, en realidad, explica Redondo, implica el cumplimiento íntegro durante un periodo de tiempo inicial mínimo que pueden ser 25 o 35 años, en función de la gravedad de los delitos. A partir de ahí, se revisa la condena y se analizan determinados factores, entre ellos, la peligrosidad del reo, y tras evaluar la situación, se prolonga el encierro o se pasa a otro grado. En el caso de Almeida, señala la letrada, «lo deseable es que se tengan en cuenta la peligrosidad y la reincidencia, porque ya tiene dos muertes a sus espaldas y tres agresiones sexuales».

El hecho de que desde 2017, el año en el que se dictó la primera prisión permanente revisable, hasta hoy se hayan impuesto 36, un número que 'a priori' podría parecer reducido, tiene que ver con que está prevista exclusivamente para determinados delitos que son de extrema gravedad. En concreto, cuando se cometa el asesinato de un menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable, cuando se cometa un asesinato tras una agresión sexual, cuando el autor de un asesinato pertenezca a una organización criminal o cuando se cometa homicidio contra la Corona, Jefe del Estado o heredero. Además, precisa Alicia Dorado, cuando se asesina para encubrir un delito anterior, como en el caso de Álex.