Concentración contra la 'amnistía' a las residencias en el Parlamento

«No al rescate de los incumplen los ratios», clamaba la pancarta principal, con otros mensajes dedicados especialmente a la consejera: «Mas personal, más calidad asistencial», «¿No os importan vuestros padres, madres, abuelos...» «Esperamos que esto tenga hoy algún efecto, aunque después de las declaraciones de la consejera parece que no tiene ninguna intención de cambiar de opinión», señalaban Fernando Domínguez y Dary Saiz, de UGT Servicios Públicos.

«Este es un sector precarizado, poco atractivo para el trabajador. Esta no es la medida para resolver este problema», abunda Domínguez. Los dirigentes de la UGT recuerdan que el precedente esgrimido como justificación, la suspensión de las ratios en el año 2021, fue debida al impacto de la pandemia en las residencias. «Además -indican- era temporal, algo que ahora ni se menciona».

Minutos después, en el pleno, el presidente Capellán, preguntado por la cuestión por el portavoz socialista, Javier García, ha asegurado que las medidas perseguían «una mejora en la calidad asistencial». Capellán no ha descendido a explicar la justificación del decreto, pero ha señalado que la red de residencias de La Rioja es «extraordinaria»: «Las medidas son importantes porque el cien por cien cumplen con los ratios de los decretos, pero además tenemos un plan de construcción de residencias y centros de día para seguir mejorando». El diputado del PSOE le había reprochado que la 'amnistía' podría conllevar un incremnto del atasco en Atención Primaria, a lo que Capellán ha replicado que, desde el área de hospitalización a domicilio, «se va crear una unidad de asistencia a los mayores en las residencias».

La situación en las residencias de mayores ha sido objeto de una interpelación posterior. La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha asegurado que el problema esencial era «la falta de profesionales sanitarios» y ha culpado al Gobierno central de «no mover un dedo» para resolverlo: «Hace cinco años todas las comunidades autónomas, de todos los colores políticos, planteamos ese problema. Siete ministros después, no se ha hecho nada».

La consejera Martín ha culpado a la oposición de «estar haciendo una bola» y ha vuelto a recordar la resolución semejante que el Gobierno anterior, formado por el PSOE y Podemos, aprobó en 2021: «Qué pena que no escucharán entonces al sector porque aprobaron una resolución tres veces más fuerte. Ustedes eximieron penalidades, sanciones, descuentos».

Tanto Ana Victoria del Vigo (PSOE) como Henar Moreno (IU) han censurado la postura del Gobierno. «Hace falta tener poca vergüenza para decir que esta medida lo que traerá es un mejora del servicio. No cuela. La mejor manera de homenajear a los trabajadores es dignificar sus condiciones laborales», ha señalado Moreno. Del Vigo, por su parte, ha recordado que esa medida del año 2021 tenía un horizonte temporal y estaba marcada por el impacto de la pandemia, una situación que ahora no se da. «El Gobierno debe retirar la orden, que lo único que hace es cronificar la precariedad laboral de los trabajadores, que son quienes garantizan la calidad del servicio», ha concluido la diputada socialista.