Comunidad autónoma busca gobierno

El febril cruce de reproches no dejaría de inscribirse en la dinámica propia del debate político tras el 26M si no fuera porque está en juego el nuevo Gobierno de La Rioja. Y no uno cualquiera, sino el que está llamado a cambiar el que los últimos 24 años ha estado en manos del PP. El mismo que la noche electoral parecía casi un mero trámite gracias a los 15 escaños cosechados por el PSOE y la disposición inicial de las dos diputadas de UP a favorecer el cambio sobre la base de un programa decididamente progresista.

Las discrepancias primero dentro de la coalición que se antojaba como virtual socio de los socialistas y más recientemente entre Podemos y el PSOE –Moreno garantiza su respaldo a la candidatura de Andreu como presidenta más allá de la posibilidad de entrar en el futuro Ejecutivo, como sí lo exige Romero– se enfrentan, además, a un enemigo común: el tiempo. El presidente del Parlamento de La Rioja tiene hasta el día 13 para hacer la propuesta del aspirante a ocupar el Palacete de Vara de Rey y convocar el pleno en el que, tanto en primera como segunda instancia, Andreu necesitaría dos votos más de los 15 que obtendrá de su propia bancada.

Aunque nadie lo verbaliza, el tacticismo que impera mientras el reloj sigue corriendo mira de reojo hacia Madrid. La Rioja (y también Aragón, donde Podemos ha recurrido al mismo negociador) son el laboratorio de un intercambio semejante de órdagos y apelaciones mutuas a la responsabilidad que encarnan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para testar cuánto se puede tensar la cuerda. Hasta qué punto el uno está dispuesto a mantener su exigencia de sentarse en el Consejo de Ministros y el otro de volver a las urnas si no se alcanza un acuerdo. Una posibilidad, la disolución del Parlamento y repetición de comicios, que ninguno de los implicados asume en público pero también está prevista en el reglamento de La Rioja.

Contra ese escenario cotiza la volatilidad hoy de principios que ayer eran inmutables. Y sobre todo, la capacidad de las partes para apurar los plazos al borde del precipicio como demostró el 'pacto del Moderno' firmado in extremis el 20 de junio.