Compromisos para una legislatura

Entre los nuevos enunciados, uno que llama la atención por la polémica suscitada en la recta final del Gobierno de Ceniceros: la revisión de las comisiones de servicio existentes en la administración pública y los entes del sector público, especialmente «aquellas que han sido tramitadas en las últimas semanas del Gobierno del PP en beneficio de los altos cargos salientes».

El resto de los compromisos replican los ya cerrados y vuelven, por lo tanto, a poner el foco en algunas de las cuestiones que ya suscitaron las primeras críticas. En el capítulo de educación, el acuerdo concreta que los centros sostenidos con fondos públicos que segreguen a sus estudiantes por condición de sexo perderán el concierto. La redacción –que engloba también a los centros que excluyen a alumnado socioeconómicamente desfavorecido– no lo explicita, pero remite de forma directa a Alcaste-Las Fuentes. Además, en el supuesto de que deban suprimirse unidades en los colegios de La Rioja que se encuentren en la misma localidad, se realizará en los centros privados que disfruten de fondos públicos. Aumentar el presupuesto regional dedicado a educación hasta llegar al 5% del PIB en el 2025, acometer una nueva zonificación escolar o modificar la actual normativa de bilingüismo completan este apartado.

También el epígrafe de sanidad es especialmente mirado, en este caso, con Viamed-Los Manzanos. El pacto compromete a extinguir el contrato con la empresa que finaliza el próximo 30 de noviembre, para asumir paulatinamente por parte del sistema público de salud la totalidad de contratos con esta firma. En esta misma área se recoge la voluntad de eliminar poco a poco el resto de contratos con compañías privadas, integrar en el SERIS a la Fundación Hospital de Calahorra o una apuesta contundente en favor de la Atención Primaria. El CIBIR también es objeto del interés de las tres fuerzas y aboga por auditar el centro, además de cancelar «atendiendo a criterios de legalidad» la concesión del parking allí ubicado.

La fiscalidad es otro de los ejes centrales del pacto, apostando aquí por recuperar la integridad del Impuesto sobre Patrimonio y actuar también en parte del IRPF o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el capítulo de representatividad, tanto Podemos-Equo como IU y el PSOE impulsarán una ley electoral que rebaje el umbral para entrar en el Parlamento al 3% –como se pretendió fallidamente el curso pasado– y retomarán la figura del Defensor del Pueblo Riojano que quedó suspendida con el PP, además de activar un reglamento para facilitar consultas populares.

Todo ello plasmado sobre un documento que se someterá a seguimiento y, como recalcó Concha Andreu, se contempla como «lugar de encuentro» para otras fuerzas que decidan sumarse en adelante.