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Basta con ver un bastón blanco o una silla de ruedas para asumir que sus portadores requieren algún elemento de accesibilidad para hacer más fácil su vida cotidiana. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las personas con dificultades de comprensión: «No llevamos un cartel que diga 'yo no entiendo'». «Dentro de la accesibilidad universal, la cognitiva es la gran olvidada», exponen Laura Malo y Sandra Loza, responsables del Área de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión La Rioja.
La accesibilidad cognitiva se vuelca en «comprender el mundo, el día a día, desde lo más básico como coger un autobús o rellenar una solicitud oficial hasta entender algo tan complejo como una sentencia judicial o un programa electoral», detalla Malo sobre las competencias que aborda el proyecto 'Comprender La Rioja', financiado por la Obra Social 'la Caixa' con 23.700 euros.
Este programa, incide Malo, no solo se dirige a las personas con discapacidad intelectual. «Siempre decimos que la accesibilidad cognitiva es necesaria para algunos y buena para muchos; un diccionario jurídico o electoral o mejorar la señalización de un hospital nos viene bien a todos», precisa.
El proceso comienza generalmente con la detección de las necesidades de los propios usuarios; otras veces también son los propios organismos públicos o empresas las que solicitan elaborar o 'traducir' un manual, un documento o una señalización adaptada a lectura fácil.
Los responsables del área realizan la 'traducción' del texto siguiendo unos parámetros muy precisos previamente acordados. «Aplicar las normas no es tan sencillo, va más allá del tamaño de letra, los saltos de página o de usar un papel que no brille... -explica Laura Malo-. Lo complicado es reorganizar un texto, cambiar por completo su estructura».
Y esta es solo la primera parte. Luego resta la más importante, la fase de validación que realizan un grupo de usuarios de Plena Inclusión que se han formado para dar fe de si una vez adaptados los textos éstos son realmente comprensibles.
Cristian, de 22 años, es uno de estos 'validadores' y cuenta cómo trabajan: «Primero lo leemos en bajo, luego en alto y las palabras que no entendemos las subrayamos y ponemos otras que se entienden mejor». Y, por ejemplo, si no se puede prescindir de un vocablo en concreto, «la ponemos en el glosario y también el margen de la página, como una glosa», agrega.
La Obra Social 'la Caixa' también ha sufragado un programa para mejorar la independencia de las personas con discapacidad intelectual. 'Apoyando la vida independiente', financiado con 22.250 euros, se ha centrado en aumentar la autonomía en áreas de vivienda, ocio, y derechos desde un modelo inclusivo y centrado en la persona.
«Después, ellas (señala a Laura y Sandra) nos hacen preguntas para comprobar que lo hemos entendido del todo», continúa Cristian, mientras Laura Meroño, otra de las usuarias de Plena Inclusión, apostilla entre risas: «Nos hacen preguntas trampa». «Es el 'control de calidad'», aclara Sandra: «Hay que comprobar si los validadores han comprendido el texto en cuestión; no vale con que digan que se ha entendido algo, nos lo tienen que demostrar».
¿Y qué textos se adaptan? De todo tipo. Aunque los más áridos son los técnicos, los legales y médicos. «Y los programas electorales», remacha Laura, que son «muy aburridos».
Otra vertiente de la labor de estos 'adaptadores' es la señalización de espacios públicos, cuyo grado de accesibilidad cognitiva es «pésimo», califica sin ambages Malo para indicar que ya han actuado en el nuevo Palacio de Justicia: «Lo bueno de la accesibilidad cognitiva es que no se note que está».
En cuanto a la accesibilidad cognitiva, en el 'debe' de la sociedad queda mucho por hacer. Por lo pronto, que esté recogida por ley. «No la encontramos en ningún texto legal, ni siquiera como intención», protesta Malo sobre una carencia que atribuyen al desconocimiento: «No se contempla porque no se sabe que existe».
Y eso afecta a la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. «De entrada, en lo que yo no entiendo, no puedo participar ni tampoco escoger», dice Laura y explica: «Si un programa electoral está disponible en lectura fácil, ellos pueden elegir si se lo leen o no. Tú esa opción ya la tienes».
Y prosigue: «Cosas tan importantes como que una sentencia me diga si para casarme, para vender mi casa o para quedarme con el dinero que gano necesito una autorización de un juez... me las dan en un lenguaje jurídico que no entiende nadie. Por eso, tenemos un acuerdo con Justicia para que cuando un juez decida que una sentencia ha de estar en lectura fácil, el interesado disponga de una copia de la sentencia original y, junto a ella, el fallo adaptado».
También los protagonistas tienen sus reivindicaciones. Laura, por ejemplo, pide que se amplíe el catálogo de obras en lectura fácil: erróneamente se asocia a literatura infantil o juvenil, pero las personas con discapacidad intelectual son adultos, incide Sandra. «No quieren cuentitos de niños, quieren leer libros», concluye.
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